Insertar la IA en el proyecto legislativo de la “agenda grande y hermosa” del Presidente Donald Trump, se encuentra una norma que pretende prohibir a los estados aplicar “cualquier ley o regulación que regule modelos de inteligencia artificial, sistemas de inteligencia artificial o sistemas de decisión automatizados” durante 10 años.

Más de cien organizaciones han dado la voz de alarma sobre esta disposición incluida en el paquete de recortes fiscales y de gasto de la Cámara de Representantes que establecería esta larga moratoria a la regulación de los sistemas de inteligencia artificial (IA). Según indican, con el rápido avance de la IA y su expansión hacia cada vez más actividades humanas como las comunicaciones, la salud, la contratación o la vigilancia policial, impedir que los estados hagan cumplir incluso sus propias leyes relacionadas con esta tecnología podría perjudicar a los usuarios y a la sociedad en su conjunto, según estas organizaciones. Estas organizaciones expresaron sus preocupaciones en una carta enviada a miembros del Congreso, incluidos el presidente de la Cámara y el líder demócrata de la Cámara.

La Cumbre de Acción sobre Inteligencia Artificial y las declaraciones del Vicepresidente Vance

“Creemos que una regulación excesiva del sector de la IA podría matar a una industria transformadora justo cuando está despegando”, dijo el vicepresidente JD Vance a jefes de Estado y directores ejecutivos en la Cumbre de Acción sobre Inteligencia Artificial el pasado mes de febrero.

La carta enviada al Congreso 

En esta carta, conocida a través de la CNN, indican “esta moratoria significaría que incluso si una empresa diseña deliberadamente un algoritmo que cause daños previsibles —sin importar cuán intencional o atroz sea la mala conducta o cuán devastadoras sean las consecuencias—, la empresa que fabrique o utilice esa tecnología dañina no rendiría cuentas ante los legisladores ni ante el público”. El proyecto de ley superó un obstáculo clave cuando el Comité de Presupuesto de la Cámara votó aprobándolo, pero aún debe pasar por una serie de votaciones en la Cámara antes de poder ser tramitado en el Senado.

Los 141 firmantes de la carta incluyen instituciones académicas como la Universidad de Essex y el Centro de Privacidad y Tecnología de la Facultad de Derecho de Georgetown, así como grupos de defensa como el Southern Poverty Law Center y el Instituto de Política Económica. Coaliciones de empleados como Amazon Employees for Climate Justice y el sindicato Alphabet Workers Union —que representa a trabajadores de la matriz de Google— también firmaron la carta, lo que subraya el alcance de la preocupación sobre el desarrollo futuro de la IA.

“La disposición de preeminencia sobre la IA es una peligrosa concesión a los directores ejecutivos de las grandes tecnológicas, que han apostado todo por una sociedad donde una IA inacabada y sin rendición de cuentas se impone prematuramente en todos los aspectos de nuestras vidas”, dijeron los portavoces de la carta. Estos desarrollos los relacionan con las grandes donaciones a la campaña americana por parte de las grandes tecnológicas. La carta se publica en un contexto en el que Trump ha revertido algunas de las normas federales sobre IA que existían, ya en muchos estados, antes de su segundo mandato. Al principio de éste, Trump revocó una orden ejecutiva de Biden que buscaba establecer al menos algunas salvaguardas sobre la IA (Executive Order……) a la vez que anunció que rescindiría las restricciones de Biden sobre la exportación de chips fabricados en Estados Unidos, que son críticos para el desarrollo de la IA.

Todo ello para asegurarse de que el país americano siga siendo el líder mundial en IA, especialmente frente a la creciente competencia de China, que se ha convertido en una de las obsesiones de Trump.

Legislaciones sobre IA en los estados

Muchos estados americanos (California, Arizona, Alabama, Connecticut, Colorado, etc.),  sin embargo, han avanzado en regular algunas de las aplicaciones de IA ante la ausencia de normas a nivel federal (del conjunto de Estados Unidos), por ejemplo, en cuanto al uso de deepfakes en elecciones y procesos democráticos para contrarrestar la desinformación ya las prácticas manipuladoras de los votantes.

Otro ejemplo: Colorado aprobó el año pasado una ley integral sobre IA que exige a las empresas tecnológicas proteger a los consumidores del riesgo de discriminación algorítmica en el empleo y otras decisiones relevantes, e informar a los usuarios cuando estén interactuando con un sistema de IA. El gobernador de Nueva Jersey, demócrata, firmó este año una ley que establece sanciones civiles y penales para quienes distribuyan contenido engañoso generado con IA (deepfakes). Y los legisladores de Ohio están trabajando en un proyecto de ley que exigiría marcas de agua en el contenido generado por IA y prohibiría realizar suplantación de identidad mediante deepfakes.

La Take It Down Act

Sin perjuicio de lo anterior, la necesidad de regular ciertas aplicaciones de la IA ha sido un raro punto de consenso bipartidista en el Capitolio. Trump promulgó estos días la ley Take It Down Act, que hará ilegal compartir imágenes explícitas generadas con IA sin consentimiento, ley que fue aprobada tanto por la Cámara como por el Senado con apoyo de demócratas y republicanos.

La opinión de la industria de IA

El CEO OpenAI, titular de ChatGPT, Sam Altman, dijo ante un subcomité del Senado en 2023 que “la intervención regulatoria de los gobiernos será fundamental para mitigar los riesgos de modelos que cada vez son más poderosos”. Posteriormente, en el Capitolio, Altman dijo estar de acuerdo con que un enfoque basado en riesgos para regular la IA “tiene mucho sentido”, aunque instó a los legisladores federales a crear directrices claras para ayudar a las empresas tecnológicas a entender y cumplir un mosaico de múltiples legislaciones estatales.

Sin duda, los recientes desarrollos de la administración americana convierten en obsoletas algunas de estas declaraciones una vez que las grandes tecnológicas han constatado los vientos de desregulación que soplan a esa parte del Atlántico y que les van totalmente a favor de sus intereses.