La patronal española de la automoción, Faconauto, ha expresado su decepción porque los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, han votado hoy en contra de la enmienda que, dentro de la ley que crea una Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, hubiera dotado los concesionarios, según defienden, de una mínima seguridad jurídica en aquellos casos en que una marca o un fabricante cancele unilateralmente los contratos para distribuir sus vehículos a nuestro país.
Cálculo de las pérdidas
La patronal ha indicado que el rechazo de esta enmienda por el Congreso de los Diputados supone una vez dura, ya que vuelve a dejar desprotegidas a las 2.000 pequeñas y medianas empresas que forman parte del tejido empresarial que representan los concesionarios, en un momento en que marcas y fabricantes están abordando un cambio en su modelo de distribución que acentúa el desequilibrio histórico existente en el sector y pone en peligro la continuidad de muchas empresas y puestos de trabajo.
Por eso, Faconauto ha puesto de manifiesto su decepción por la falta de comprensión y el posicionamiento cerrado con los intereses de marcas y fabricantes para los dos principales partidos nacionales, que en esta ocasión sí que han votado en el mismo sentido. De esta manera, han pasado por alto la importancia que tiene el sector de la distribución para la actividad económica (2,7% del PIB) y el empleo en España (152.000 puestos de trabajo). Faconauto ha indicado que el rechazo a la enmienda supone un "duro golpe", porque vuelve a dejar "desprotegidas" más de 2.000 pymes.
La patronal de los concesionarios ha agradecido el trabajo del diputado Ferran Bel, del PDeCAT, encargado de presentar la enmienda mencionada, reconociendo que los concesionarios necesitan un mínimo amparo legal, cosa en que también han coincidido los partidos ERC, Bildu, Coalición Canaria y Foro Asturias, que han votado a favor de una propuesta parecida a la que sí que han aprobado otros países de nuestro entorno. En los próximos días, Faconauto ha avisado de que explicará a los concesionarios cuál ha sido el posicionamiento final de cada partido político y sus grupos parlamentarios para que puedan valorar el compromiso con uno de los tejidos empresariales más importantes, su apoyo a la riqueza que generan y los puestos de trabajo que sostienen.
La polémica se arrastra desde hace tiempo. En junio del año pasado, nuevamente el portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados, Ferran Bel, anunció que la formación había retirado dos enmiendas que presentó al proyecto de Ley Crea y Crece, que, entre otros aspectos, proponían fijar un sistema de indemnizaciones para aquellos concesionarios de vehículos que se vean obligados a cerrar en caso de cancelación del contrato de concesión por parte de los fabricantes. De la misma manera, y aunque se ha mostrado esperanzado, Bel avisó de que si en los próximos meses no hubiera ningún acuerdo, la formación podrá presentar otra enmienda similar. El recorrido, finalmente, tampoco ha llegado a cerrarse.