Bilal, nombre ficticio, no está nada satisfecho de su experiencia formándose como fontanero con un curso homologado de arraigo para la formación, permiso de residencia temporal de un año que da el Estado después de que el pasado mes de julio aprobara un nuevo reglamento el ministerio de Seguridad Social de José Luis Escrivá. Y eso que el suyo es "un caso de éxito", apunta Iluni, técnica de inserción laboral de Accem, ONG que trabaja con migrantes, ya que cuenta con una oferta de trabajo relacionada con el curso que hizo. Pero Bilal se vio "trabajando gratis", aprendiendo poco, escuchando malas palabras de los jefes y recogiendo escombros durante sus prácticas de fontanería, durante un curso que no pudo compaginar con trabajo porque este permiso no da derecho a trabajar. Empuja, por ende, a los migrantes a seguir en el mercado informal de trabajo, donde los derechos se diluyen.
"Estos cursos tienen el problema de que te obligan a estar un año más sin poder trabajar. Y después tampoco garantizan el permiso de trabajo. Es más, aunque la mayoría sean subvencionados, los alumnos tienen que pagarse gastos de transporte y de comida y, tal y como funciona la economía sumergida, los horarios son muy difíciles de cuadrar", denuncia Enrique Mosquera, activista y miembro de Papeles y Derechos para Todas y Todos y un referente en el acompañamiento de las reivindicaciones del colectivo de migrantes. Esta semana, estos cursos volvieron a la agenda pública después de que el ministro Escrivá reconociera que flexibilizaría los requisitos de estos cursos, que consideran un éxito después de que se hayan registrado 22.000 solicitudes (29.000 según los sindicatos) y 12.000 concesiones. Fuentes de la Seguridad Social, no obstante, niegan que compatibilizar trabajo reglado y formación sea una opción que barajen incorporar.
Lo anunció poco antes de reunirse en la Comisión Laboral Tripartita con sindicatos y ministerio de Trabajo, que no comparten que esta medida sea la ideal para favorecer la regularización por diversos motivos. El ministerio de Seguridad Social ha dado diez días para presentar recomendaciones antes de emitir una instrucción que dé mayor concreción a este reglamento aprobado en julio del año pasado, aunque fuentes de Seguridad Social advierten de que es meramente consultivo y que la instrucción se puede aprobar sin modificaciones. La que sí que pretende incorporar el Ministerio es la de permitir flexibilidad en los cursos, sobre todo de cara a mujeres solas con hijos a cargo que tienen muy difícil asistir siempre presencialmente a las clases.
La ministra Yolanda Díaz expresó que el problema del mercado laboral es la "precariedad" y que es eso lo que hay que atajar para la falta de trabajadores para algunos sectores y, por otro lado, prefiere una regularización masiva a la formación por arraigo. Entre los sindicatos, Comisiones Obreras insiste en que "no hay dignidad en algunos sectores laborales como la hostelería, la construcción o el sector agrario", en palabras del secretario de Migraciones, José Antonio Moreno, y en que se dediquen esfuerzos en formar a parados de larga duración. "Hemos detectado que este diseño es muy beneficioso para empresas que precarizan", añade Moreno, que completa que hay "academias que están haciendo negocio cobrando 1.200 euros por estos cursos" ante una avalancha de peticiones que no siempre las subvencionadas pueden cubrir.
A Bilal, en cualquier caso, no le hizo falta que le cobraran para encadenar decepciones con estas formaciones, si bien después de cinco años en España ahora ve la luz al final de la vida sin derechos laborales, que es el trabajo informal. "Para empezar, los requisitos de acceso no son tan fáciles, aunque lo parezca. Hay personas que no saben leer ni escribir que ya lo pasan mal en la primera prueba teórica", arranca Bilal. Iluni, de Accem, hace inciso en las dificultades económicas y de horarios. "¿Quién puede acceder a estos trabajos? En la teoría, el requisito es que lleven dos años aquí. Pero a la práctica, para poder formarte y sobrevivir a la vez implica que vas a tener que buscar un trabajo en el mercado informal", reflexiona.
En el caso de Bilal, después de unas prácticas satisfactorias en un Centro de Innovación y Formación Ocupacional (CIFO), dependientes del Servei d'Ocupació de la Generalitat, se encontró con unas prácticas que "no eran reales". Además, se tenía que pagar desplazamientos en tren a diversas ciudades, en función de donde le llamara la empresa para hacer esas prácticas que vivió como "trabajo gratis", "sin formación" y "sin contacto con el material". "Me decían: recoge la basura, haz esto, haz aquello, y de malas maneras. ¡Yo estaba ahí sin cobrar y me trataban así! Además, estaba en unas prácticas de fontanería y no llegué a tocar el material", relata. "En el curso se portaron bien conmigo, pero el profesor era quien buscaba las prácticas y parecía saber lo que sucedía, porque en un grupo de Whatsapp varios nos quejamos", añade.
Riesgo de irregularidad sobrevenida
Iluni, de Accem, resalta que "estos casos no son la norma" en relación con el abuso laboral en las prácticas, si bien "los migrantes siempre son más vulnerables a la hora de denunciar estas cosas, porque tienen mucho que perder". Pero a punta a otro riesgo: "aún es pronto para hacer una evaluación, porque este reglamento es muy nuevo, pero nos tememos que mucha gente que acabe la formación caiga en irregularidad sobrevenida, porque puede que las empresas no quieran acarrear con el proceso que implica conseguir el permiso de trabajo para un trabajador". "Ya estamos encontrando algunos casos que acaban la formación y no encuentran oferta laboral", añade. "No existe una vinculación directa entre las prácticas y el mundo laboral", advierte. O sea, que cuando acaban la formación por arraigo, puede que los migrantes tengan más números de ser contratados al contar con la formación, pero nadie lo garantiza y vuelven a la casilla de salida en lo que respecta al permiso laboral, que es el objetivo final de la inmensa mayoría y el más difícil de conseguir.
"El caso de Bilal nos puede servir como ejemplo. Él muestra unas aptitudes para trabajar y unas cualidades muy por encima de la media, que antes de la formación ya le podrían haber valido para conseguir un contrato. Muchas empresas ofrecen el puesto y se echan atrás cuando saben que no tiene permiso de trabajo. Esto puede volver a suceder por mucho que tengas el permiso de residencia por la formación", reflexiona Iluni. En muchas ocasiones, de hecho, llegan trabajadores formados con verdaderas dificultades para entrar en el mercado laboral. Por eso, y por las estrecheces económicas, Iluni pide que "se pueda compatibilizar la formación con el trabajo reglado". Si no, "es un permiso que te obliga a estar un año más sin trabajar (al menos sin contrato) y que no te garantiza ni facilita el contrato de trabajo", afirma.
Para Comisiones Obreras, "la tensión de fondo" de estos permisos "es que la patronal entiende que falta mano de obra en determinados sectores", aunque ellos manejan estudios que lo desmienten. "Mientras tengamos trabajadores en el paro, en el mercado laboral, los tenemos que formar. No podemos centrarnos en una formación específica para trabajadores irregulares y no fomentar para los que ya están en el mercado laboral", alude Moreno, si bien los Servicios de Ocupación ofrecen cursos y formación subvencionada para todo tipo de desempleados. Para Enrique, de Papeles y Derechos para Todas y Todos, "la actitud de los sindicatos es terrible, porque no considera a los migrantes sin papeles unos trabajadores más".
Bilal, mientras sindicatos y políticos discuten sobre cuál es la mejor opción para él (o para el mercado laboral), vislumbra al fin, después de cinco años en España, un permiso de trabajo relacionado con lo estudiado que apunta al éxito del arraigo por la formación, aunque después de un camino que muestra muchas aristas y contradicciones.