Riders y taxistas, unidos en la Asociación Observatorio de Trabajo, Algoritmo y Sociedad, han presentado la primera querella criminal contra Glovo por presuntos delitos contra la hacienda pública, contra la seguridad social y también delito de estafa y contra los derechos de los trabajadores por insistir en el empleo de falsos autónomos pese a reiteradas denuncias por incumplir la ley en este sentido. La plataforma, formada por la asociación de riders RidersxDerechos y Taxi Project 2.0, considera que la reciente reforma del Código Penal permite juzgar la "persistencia" de la empresa, ahora propiedad de Delivery Hero.
"A día de hoy, con más de 50 sentencias en su contra por la violación de derechos laborales -una de ellas del Tribunal Supremo- persisten en la violación sistemática de los derechos laborales, en rebeldía abierta contra las sentencias y persisten en el fraude continuado, camuflándolo con cambios irrelevantes en la aplicación, que no hacen más que empeorar la situación de trabajadores y trabajadoras", desarrolla en nota de prensa la plataforma.
La plataforma lamenta que el paso llevado a cabo con esta denuncia "no debía recaer en el observatorio y las entidades colaboradoras, es decir, en los trabajadores". El hecho de que "durante estos dos últimos años los trabajadores se han seguido encontrando en una indefensión total, poniendo en riesgo sus vidas para poder subsistir y sobrevivir", hace que taxistas y repartidores apunten en su comunicado al estado y el gobierno como los responsables que deberían de haber denunciado o actuado de oficio ante los abusos. "Hemos sido testigos de cómo han sido las empresas las que han impuesto las reglas del juego, por encima de cualquier institución, incluido el Estado", añade la compañía.
Contra 3 artículos del Código Penal
La Asociación apunta a prácticas contrarias a los artículos 305 y 305 bis del Código Penal por defraudar a Hacienda a obligar que trabajadores por cuenta ajena emitan una factura falsa. Les acusa también de "defraudar en el IVA, al deducirse el soportado en la factura, con daño al erario público y defraudación a la Seguridad Social".
En segundo lugar, riders y taxistas apuntan al artículo 311 del Código Penal, ya que la contratación de falsos autónomos supone "un engaño" y un "abuso" ante su estado de necesidad, "por su especial situación de vulnerabilidad y con grave perjuicio a sus condiciones laborales y de seguridad social".
Y en tercer lugar, "por un delito de estafa del artículo 248 del Código Penal", ya que las condiciones legales y de seguridad social "perjudicaron" a los trabajadores, apunta la plataforma, que ve una agravante en el hecho de que todo ello "afectó al trabajo como bien de primera necesidad, al colectivo de trabajadores, a los que dejó en difícil situación económica, con gran volumen de perjudicados utilizados en su ideación del fraude para lucro personal, simulando trabajos en beneficio propio y perjuicio de todos ellos".
Sentencia del Supremo
El colectivo defiende que los hechos quedaron probados con la sentencia del Tribunal Supremo del 25 de septiembre de 2020, "en la que se unificó doctrina fijando los criterios determinantes para concretar la existencia de la laboralidad de los falsos autónomos de Glovo". Con todo y con ello, la plataforma denuncia que no se han regularizado las cuentas de los trabajadores y de ahí que se dé el salto a la vía penal, "hasta que los responsables de estas empresas que se han dedicado deliberada y sistemáticamente a vulnerar derechos de los trabajadores y trabajadoras (...) respondan por la vía penal por tan crueles actos que llevan realizando desde hace tantos años".
"Si queremos seguir velando por un marco de derechos laborales adquiridos y por aquello público, no podemos dejar que siga produciéndose tal fraude a la Seguridad Social y a Hacienda. Hay que pasar cuentas”, ha declarado Núria Soto, miembro de la asociación. Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi, también integrada en la asociación, ha asegurado que la querella "es pionera en España y se ha mostrado convencido "de que los tribunales verán las suficientes evidencias para imputar todos los presuntos delitos que son muy evidentes por parte de Glovo".
Glovo, fundada por Óscar Pierre en Barcelona y que el año pasado pasó a manos de la multinacional Delivery Hero, acumula centenares de millones de euros en sanciones por la Inspección de trabajo con relación a los falsos autónomos. Líderes sindicales y ministerio de Trabajo han seguido denunciando que la práctica general de no contratar y utilizar falsos autónomos ha seguido siendo la tónica dominante.