Cuando, en 2013, el exconsultor de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos, Edward Snowden, filtró documentos que mostraban que el país espiaba indiscriminadamente a ciudadanos sin ninguna sospecha de todo el mundo, la palabra whisteblower, traducida al catalán como "alertador", cobró especial relevancia. Acusado de espionaje, Snowden filtró los documentos desde Hong Kong y ha vivido últimamente en Rusia, escondido por miedo a las represalias. En España, donde Hervé Falciani ha sido uno de los alertadores más conocidos, se reguló la protección de estas figuras el pasado 2023 con la Ley de protección del informante, que protege su identidad obligando a las empresas a abrir un canal anónimo de denuncias de corrupción, acoso u otras ilegalidades. Pero dos años después de su entrada en vigor, las empresas todavía no cumplen e incluso no conocen esta ley. En Cataluña, solo un 35% de las empresas privadas de más de 50 trabajadores (que son las que están obligadas) cumplen esta ley: 3.027 empresas de las 8.610 que deberían tenerlo, según datos de Antifraude a los que ha tenido acceso ON ECONOMIA.

La ley fue aprobada el 20 de febrero de 2023 y entró en vigor en marzo del mismo año. Obliga a las empresas y entidades públicas a ofrecer a trabajadores y también a actores externos un canal para denunciar irregularidades como casos de corrupción o de acoso laboral y sexual. Quienes quieran denunciar empresas o entidades que no tengan canal de denuncias propio pueden hacerlo a través de los canales oficiales del gobierno español y, en el caso de Cataluña, de la Oficina Antifraude. La ley ha estado estancada en el ámbito estatal porque se creó sin que existiera la Autoridad de Protección del Informante, que finalmente fue creada el pasado mes de septiembre. 

Progresivamente, como suele ocurrir en estos casos, la ley obligaba a las empresas por medidas a crear el canal de denuncias, primero las de más de 249 trabajadores, a partir de marzo de 2023, y después las más pequeñas, desde diciembre del año pasado. Dos años después, a pesar del bajísimo grado de cumplimiento, no se ha impuesto ninguna sanción ni en España ni en Cataluña. Si las empresas privadas en gran parte no conocen o no cumplen esta ley, las públicas tampoco cumplen: solo lo hacen 479 entidades y todas ellas, entidades y Ayuntamientos, están obligadas sin mínimo de trabajadores, de alrededor de 1.000 empresas autonómicas y municipales a las que hay que sumar los 947 municipios. 

Hay empresas especializadas en Recursos Humanos y soluciones digitales que ofrecen el canal de denuncias a las empresas. Logalty Group, una de ellas, da opciones entre 480 y 2.000 euros al año, es decir, de 40 a 166 euros mensuales. Diana Gurau, responsable de gobierno, riesgo y cumplimiento del Grupo Logalty, explica que, una vez puesta en marcha la Autoridad de Protección al Informante, esta podrá imponer sanciones "de oficio" a las empresas que decida investigar, aunque no se hayan recibido denuncias. 

Gurau asegura que todavía hay "un gran desconocimiento" de esta ley incluso entre empresas de tamaño considerable. Y reconoce que esperaban "un nuevo boom" de empresas con la creación de la autoridad, pero este no ha llegado. Pero además, señala que hay muchos casos de "mal uso" de la aplicación. "Como las empresas están obligadas a tener el canal de denuncias de forma visible en la web, hay gente que registra quejas o peticiones que no tienen nada que ver con el objetivo de la ley". Tal como explicó ON ECONOMIA, sin embargo, ya se han dado denuncias de estafa, de acoso y otras ilegalidades gracias a estos canales.  

El objetivo de tener el canal al alcance de todos en las webs de la empresa es, primero, preservar el anonimato, ya que si fuera un sistema interno se podría identificar la ID del ordenador desde donde se hace la denuncia. Y, por otro lado, porque no solo los trabajadores de una empresa o entidad pueden percibir y denunciar un caso de corrupción, acoso o alguna otra ilegalidad dentro de una empresa. Un consumidor, un amigo o familiar o un trabajador de otra empresa, por poner algunos ejemplos, puede presenciar alguna de estas ilegalidades. 

Aunque el coste de estos canales es asumible para las empresas, "la suma de regulaciones puede complicar la vida" a las empresas pequeñas, alerta Carles Mas, director de Economía y Empresa de Pimec, que recuerda un estudio reciente de Pimec que detalla que el coste regulatorio absorbe 40 horas semanales a las empresas. "Una empresa grande puede tener un departamento dedicado a compliance (cumplimiento normativo), pero para las empresas pequeñas es muy complicado", relata. 

"Por las conversaciones que tenemos en Pimec, el canal no se utiliza demasiado ni es muy conocido. Su utilización es muy limitada", reconoce Mas, que detalla que a veces las empresas pequeñas deben priorizar en función de su actividad. "Si una empresa tiene que cumplir a la vez la ley de alertadores y, por ejemplo, una sobre usos del plástico y la empresa es del sector de los envases, pues es normal que priorice primero esta otra", dice. 

En el caso de la ley de alertadores, las empresas obligadas a tener un canal y proteger a los denunciantes son aquellas de más de 49 trabajadores. El tamaño de las empresas condiciona la cantidad de normativas que se deben cumplir y, según Pimec, "esto frena el crecimiento de las empresas". "Si una empresa tiene 49 trabajadores y sabe que contratando uno más puede tener más normativa y no tiene suficiente margen financiero, puede dejar de hacerlo", aclara Mas.