La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este miércoles en el Congreso de los Diputados que el coste medio de un despido en el Estado ronda los 8.000 euros y ha prometido una reforma para encarecerlo. En respuesta a una pregunta del portavoz económico de EH Bildu, Oskar Matute, Díaz ha defendido la necesidad de modificar la indemnización por despido, que en 2012, durante el ejecutivo de Mariano Rajoy, pasó de 45 a 33 días por año trabajado en los casos de despido improcedente. Matute ha preguntado a la ministra si considera que ha llegado el momento de reparar esta "injusticia" y de acabar con este "vestigio del pasado". La respuesta de Díaz ha sido categórica: "Sí". La vicepresidenta ha recordado que el Comité Europeo de Derechos Sociales ha condenado a España por considerar que la indemnización no es lo suficientemente elevada, y ha señalado que ya existe una mesa de diálogo social trabajando en el tema.

En su intervención, Díaz ha insistido en que despedir en España es "muy barato" y ha detallado que la indemnización media es "escasamente" de 8.000 euros, una cifra que en el País Vasco se eleva hasta los 12.000 euros. "Es baratísimo despedir a un trabajador o una trabajadora. Por lo tanto, sí, haremos algo", ha subrayado. No obstante, la ministra ha matizado que la reforma no se basará en recuperar los 45 días de indemnización que existían antes de 2012, sino que se debe estudiar la restauración adecuada en función de las diferentes circunstancias del trabajador. Díaz ha defendido la importancia de que la indemnización cubra el daño del despido, así como el lucro que pierde el trabajador, y ha diferenciado entre situaciones personales diversas: "No es lo mismo si despiden a una mujer de 60 años, que no tiene formación y que tiene enfermedades, que si despiden a una persona joven que habla muchos idiomas y con un futuro en el trabajo".

Contexto y reacciones

La intervención de Díaz ha llegado en un momento en que el debate sobre la reforma laboral continúa abierto. La vicepresidenta ha defendido la necesidad de avanzar en la protección de los trabajadores, en contraposición a las políticas de los gobiernos anteriores. Para cerrar el debate, Díaz ha recordado que hace un año el PP, Vox y Junts tumbaron en el Congreso la reforma para reducir la jornada laboral, y ha destacado que el número de horas extraordinarias no retribuidas se ha reducido en casi cuatro millones desde 2018. La reforma de la indemnización por despido, sin embargo, se enfrenta a la resistencia de los sectores empresariales, que alertan de que un endurecimiento podría frenar la contratación y aumentar la precariedad. La posición de los sindicatos, por su parte, es favorable al aumento de la indemnización, pero las negociaciones en la mesa de diálogo social todavía no han dado frutos concretos. El Gobierno deberá negociar con los agentes sociales para encontrar un consenso que permita sacar adelante la reforma, que se prevé compleja y que requerirá un amplio apoyo para ser aprobada.

La propuesta de Díaz, que no se limita a recuperar la indemnización anterior, sino que plantea una reforma más ajustada a las circunstancias personales, puede ser una vía para desbloquear el diálogo. La ministra ha defendido que el objetivo es garantizar que la indemnización sea realmente disuasoria y que proteja a los trabajadores en caso de despido, especialmente a aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. La reforma, sin embargo, todavía debe concretarse y las negociaciones continuarán en los próximos meses. La posición del Gobierno, que busca encarecer el despido, puede enfrentarse a las demandas de la patronal, que defiende la flexibilidad laboral. El debate sobre la indemnización por despido es uno de los temas centrales de la reforma laboral, y su resolución determinará el equilibrio entre la protección de los trabajadores y la competitividad de las empresas.