El Tribunal Supremo decidirá si Amazon es un operador de servicios postales y debe cumplir con las obligaciones inherentes a esta condición o si, por el contrario, al no intervenir en los envíos una vez que los despacha es un mero operador de mercancías.

En un auto fechado el pasado 20 de marzo al que ha tenido acceso EFE, la sala de lo contencioso estudiará los argumentos de la Abogacía del Estado para determinar si una entidad cuya actividad consiste en preparar y manipular mercancías para su envío postal sin intervenir posteriormente en dichos envíos puede o no ser considerada como prestadora de servicios postales.

En 2020 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) resolvió que Amazon debía ser considerada como un operador postal, de modo que debía proceder a la presentación de la correspondiente declaración responsable para que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) la incluyera en el Registro General de Empresas Prestadoras de Servicios Postales.

La CNMC entendía que sus actividades en el ámbito de la paquetería y la mensajería constituyen servicios postales de acuerdo con la normativa postal. La ley española del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal (LSPU), que traspone una directiva europea, indica que una empresa podrá calificarse como "proveedor de servicios postales" cuando su actividad consista en la prestación de al menos uno de estos servicios: recogida, clasificación y distribución de la mercancía.

Pero la intervención de Amazon, según la empresa de logística, se limita a las actuaciones preparatorias y las manipulaciones necesarias para la configuración de un envío postal, sin operar en lo que puede considerarse el envío postal en sí mismo, ya que no interviene una vez que los paquetes abandona su sede, sino que se trata de un operador de mercancías.

Para aclararlo, el Supremo tendrá que analizar interpretar la ley de 2010 del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, y el decreto de 1999 que aprueba el reglamento de prestación de los servicios postales, que desarrolla a su vez la ley de 1998 del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales. Asimismo, deberá tener en cuenta la norma comunitaria europea de 2018 sobre los servicios de paquetería transfronterizos, explica el auto.