El Ayuntamiento de la Selva del Camp (Baix Camp) ha decidido suspender cautelarmente la licencia de actividades de la empresa química Valogreene Econova, que proyecta construir una planta de producción de aceite pirolítico en el polígono Xalamec. El consistorio ha tomado la medida porque el expediente no dispone de una evaluación de impacto ambiental, un requisito que considera indispensable para garantizar la seguridad jurídica del procedimiento.
La empresa había obtenido previamente todos los permisos de las diferentes administraciones y ya había firmado la compraventa de tres parcelas con el mismo Ayuntamiento por un importe de 64 millones de euros. A pesar de estos avances, el consistorio ha recibido un informe del Consell Comarcal, el órgano competente en la tramitación, que confirma el criterio de la Oficina de Gestión Ambiental Unificada de la Generalitat. Este informe señala que el expediente no se ha sometido a la evaluación de impacto ambiental, que considera un paso esencial para otorgar la licencia. La suspensión de la licencia supone un contratiempo para un proyecto que ya había superado diversas fases administrativas.
La empresa, que había obtenido los permisos de las administraciones implicadas, ve cómo el proceso se detiene en el último momento por una cuestión que sus responsables consideran resuelta. Por el contrario, los vecinos que se oponen a la instalación celebran la medida. Una vez informadas las partes implicadas, se abre un periodo para que puedan presentar alegaciones. Posteriormente, el Ayuntamiento emitirá una propuesta de resolución que trasladará a la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat.
Este órgano se pronunciará sobre la posible nulidad de la licencia de actividades. Mientras el proceso se resuelve, la suspensión cautelar impide a la empresa iniciar las obras de construcción de la planta. La medida supone un revés para el proyecto de Valogreene Econova, que preveía producir materias primas circulares como el agnoil, un aceite pirolítico patentado por la compañía a partir de plásticos destinados a la eliminación. La Comisión Jurídica Asesora deberá determinar si el procedimiento seguido es válido o si es necesario reiniciarlo desde el inicio. Su dictamen será vinculante para el Ayuntamiento, que deberá acatar la decisión final. La resolución puede tardar varios meses, lo que mantiene el proyecto en un estado de incertidumbre.
Un proyecto con oposición vecinal
La planta de la Selva del Camp ha generado una fuerte oposición entre los vecinos del municipio, que se han organizado para detener la instalación. Los críticos del proyecto alertan de los posibles riesgos ambientales y sanitarios de una actividad que transforma residuos plásticos en materias primas industriales. La empresa defiende que su tecnología ofrece una alternativa sostenible al petróleo y que el proceso de transformación de plásticos en aceite está sometido a controles de seguridad. Asegura que el agnoil, su producto principal, es una materia prima circular que permite dar una segunda vida a residuos plásticos que de otra manera acabarían en vertederos o en incineradoras.
Pero las voces contrarias al proyecto señalan que la falta de evaluación de impacto ambiental es una muestra de las deficiencias en la tramitación y cuestionan la idoneidad de la ubicación. Los vecinos también han expresado su preocupación por el incremento del tráfico de camiones y por los posibles olores y emisiones generadas por el proceso industrial. El caso de la Selva del Camp se añade a la lista de conflictos similares en Catalunya, donde la instalación de plantas de tratamiento de residuos y de producción de combustibles alternativos ha generado a menudo una fuerte oposición vecinal. La complejidad de los procesos administrativos y la necesidad de garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales son dos de los retos que estos proyectos plantean a las administraciones locales.