El Tribunal Supremo ha dado la razón a Ence y su planta podrá operar hasta 2073. Así, se ha impuesto al Ayuntamiento de Pontevedra y ha revertido la decisión de la Audiencia Nacional, avalando la prórroga de 60 años concedida por el Gobierno en 2016, por lo que la empresa no tendrá que cerrar las plantas, según informa la agencia EFE.
Los magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo han resuelto los recursos presentados tanto al procedimiento seguido a instancia de Greenpeace España como al iniciado por el Ayuntamiento de Pontevedra. En una nota, la Sala considera que se pueden prorrogar las concesiones anteriores a la ley general de Costas de 1988, siempre que consten informes medioambientales favorables, como en el presente caso.
La sala de lo contencioso ha estimado los recursos presentados por Ence y otras entidades contra las sentencias de la Audiencia Nacional que anularon la Resolución, de 20 de enero de 2016, de la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, que otorgó a Ence una prórroga de 60 años de la concesión de ocupación de una franja de dominio público marítimo terrestre destinada a fábrica de pasta de celulosa en Pontevedra.
Ambos procesos desembocaron en sendas sentencias de la Audiencia Nacional que anularon la prórroga que, a principios de 2016, le otorgó el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy para que la fábrica continuara su actividad en la ría de Pontevedra hasta el año 2073. La Audiencia Nacional determinó que la prórroga concedida por el Gobierno para mantener la fábrica de Pontevedra en terrenos de dominio público marítimo-terrestre incumplía la Ley de Costas y anuló dicho permiso, que se extendía hasta el año 2073.
Los hechos se remontan a 2021, cuando la Audiencia declaró la nulidad de la prórroga de la concesión de dominio público marítimo terrestre en la que se asienta la biofábrica de Pontevedra. La Audiencia Nacional concluyó que dicha autorización infringió la Ley de Costas que, entre otras cuestiones, solo permite actividades en el dominio público marítimo-terrestre que por su naturaleza, no por razones de interés o conveniencia, no puedan ubicarse en otro lugar. En el caso de la fábrica de Ence en Pontevedra, según el tribunal, esa circunstancia no fue acreditada, por lo que revocó el permiso obtenido por la compañía para mantener su actividad industrial en los 373.000 metros cuadrados que ocupa en la ría de Pontevedra.
Los trabajadores, "emocionados y tranquilos"
La empresa Ence Energía y Celulosa ha mostrado su "satisfacción" tras conocerse la decisión Supremo. A través de un comunicado, la compañía celebra que el alto tribunal "haya despejado la incertidumbre" sobre el futuro de su proyecto industrial en Galicia y aporte la "seguridad necesaria" para acometer sus planes de futuro en Pontevedra. La reversión de los deterioros de activos y provisiones de gastos registrados en los estados financieros de 2021, como consecuencia de las sentencias de la Audiencia Nacional, tendrá según Ence un impacto positivo estimado de 169 millones en el beneficio de la empresa.
La dirección de la fábrica pastera celebra que este complejo industrial "vaya a formar parte" del futuro de Pontevedra y de toda Galicia, un futuro al que la empresa "quiere aportar valor, contribuyendo al desarrollo sostenible e incluyendo y escuchando a todos. A este respecto, Ence sostiene que va a entablar "de forma proactiva" un diálogo abierto con la sociedad pontevedresa, "escuchando la voz de todos y respondiendo a las inquietudes de nuestro entorno", según su presidente, Ignacio de Colmenares.
"Juntos tenemos que ser capaces de visibilizar todo lo que aportamos a esta comunidad, así como de continuar avanzando y mejorando", añade De Colmenares, tras conocer el sentido del fallo de los magistrados del Tribunal Supremo. La empresa ha defendido tabién su compromiso con Pontevedra a partir del proyecto de depuradora de agua y el de recirculación del agua de la biofábrica. Algo, han dicho, "plenamente alineado con la transición justa", tal y como defiende Ence, que se autoabastecerá de energía renovable y cuyo proceso productivo será "plenamente sostenible, con un consumo mínimo de recursos naturales", porque dará lugar a productos que combinarán fibra reciclada blanqueada y celulosa producida por la propia empresa.
Asimismo, Ence ha anunciado recientemente la creación, puesta en marcha y desarrollo de una nueva filial, Ence Biogás, para desarrollar, construir y operar 20 plantas de biometano en distintos puntos de la geografía española.unto a esto, la compañía continúa "con su firme apuesta" por la biofábrica de Navia (Asturias) y con la ejecución del proyecto 'Navia Excelente', un plan inversor de más de 105 millones "completamente alineado con la bioeconomía circular".
Los trabajadores de la fábrica han asegurado por su parte estar "emocionados, tranquilos y aliviados" tras conocer el fallo del Tribunal Supremo que garantiza la continuidad de la actividad de la factoría pastera hasta el año 2073. "No hago otra cosa más que llorar", ha asegurado a la prensa la presidenta del comité de empresa de las oficinas de Ence en Pontevedra, Ana Cedeira, que ha celebrado que "nos quedamos", destacando que todos ellos se sienten "muy orgullosos" de ser trabajadores de la empresa.
El secretario del comité de empresa de la fábrica, Rubén Fernández, ha señalado: "Llevábamos esperando mucho tiempo" esta noticia, que ha sido acogida con "mucha ilusión" al entender que se abre una "nueva etapa". Fernández ha explicado que los trabajadores estaban "nerviosísimos" durante toda la mañana y que estallaron "con sonrisas, lágrimas y llantos" al conocer la decisión del Tribunal Supremo.
Decepción ecologista
Aunque Ence se haya mostrado receptiva a abrir su diálogo "a los colectivos más críticos con nuestra actividad", a los que el presidente de la compañía invita a reunirse "para buscar puntos de encuentro y vías de colaboración, en beneficio de toda la sociedad", la primera reacción de Greenpeace ha sido de decepción.
Así, la plataforma ecologista ha lamentado que el aval del Tribunal permita Ence "seguir dañando" el entorno natural en el que se asienta, la ría de Pontevedra. Esta ONG había impulsado uno de los dos procesos que derivaron en las sentencias de la Audiencia Nacional que anularon la prórroga concedida por el Gobierno en 2016 para que Ence siguiera ocupando terrenos de dominio público marítimo-terrestre hasta 2073.
Esta sentencia del alto tribunal, sostienen desde Greenpeace, no permite que la ría de Pontevedra se libre de una actividad "altamente lesiva" y que resulta "incompatible" con la Ley de Costas "pues podría desarrollarse en cualquier otro lugar". En una nota, Greenpeace reitera que la presencia de la fábrica pastera en la ría de Pontevedra "no está justificada" e impide que se pueda recuperar la marisma de Lourizán, restaurando el "desastre" generado en los últimos 60 años.