Repsol ha cargado contra la medida de mantener el impuesto temporal a las grandes energéticas que recoge el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar. La compañía petrolera ha presentado los resultados de los nueve primeros meses del año este jueves y ha querido dejar constancia de su malestar con la intención de hacer permanente el gravamen a los beneficios extraordinarios del sector. 

"La posibilidad de que se mantenga un gravamen a las compañías energéticas, que se ideó como temporal y extraordinario, castiga a las empresas que, como Repsol, invierten en activos industriales, generan empleo y garantizan la independencia energética del país" ha asegurado la energética dirigida por Josu Jon Imaz en el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En este sentido, la multinacional señala que el impuesto "favorece a los importadores que no generan empleo ni actividad económica relevante en España. En consecuencia, la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar los futuros proyectos industriales de Repsol en España".

El impuesto que implementó el Gobierno de España tanto para los bancos como para las energéticas tiene un carácter temporal de dos años. En el caso de las energéticas, se aplica durante 2023 y 2024, y grava el 1,2% de la facturación obtenida en aquellas empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de euros, excluyendo los negocios regulados y actividades fuera de España y extrapeninsulares.

La medida ha sido recurrida por las principales compañías del sector ante la justicia, entre ellas Repsol, que se ha mostrado especialmente en contra de este gravamen desde su aprobación. De hecho, la petrolera es la compañía más impactada por el impuesto, con unos 450 millones de euros este año, seguida de Cepsa, con 323 millones de euros; Naturgy y Endesa, con unos 300 millones de euros cada una; e Iberdrola, con 200 millones de euros.

Más de la mitad de sus beneficios se van en impuestos

En materia de contribución fiscal, Repsol ha destacado que más de la mitad de sus beneficios obtenidos hasta septiembre ya se destinaron al pago de impuestos. De este modo, la contribución fiscal del grupo en los nueve primeros meses ascendió a 10.890 millones de euros aportados a las arcas públicas, con cerca del 70% (7.441 millones de euros) correspondientes a España.

Los tributos propios devengados ascendieron a 3.206 millones de euros y representaron más de la mitad de los beneficios (52%). Además, la compañía indicó que contribuyó durante el período con una tasa del Impuesto sobre Sociedades del 37%, muy por encima del tipo nominal aplicable en España -del 25%- y de la media de los países de la OCDE, situándose "como la empresa del IBEX 35 que más impuestos pagó en el país".

En cuanto a inversión, en línea con su Plan Estratégico, la compañía desembolsó 4.362 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 82% más en términos interanuales, principalmente en proyectos bajos en carbono. El foco principal siguió estando, hasta septiembre, en España, donde se empleó un 41% del monto total, y en Estados Unidos, donde se dirigió un 37% de las inversiones.