El Banco Santander activa su plan de prejubilaciones. En estos últimos días de septiembre comenzarán a dejar el banco los trabajadores que han ido adhiriéndose al plan pactado con los sindicatos el pasado mes de julio. Las primeras salidas darán paso a un proceso que se prolongará durante los próximos dos años, con bajas que podrían producirse en pequeñas tandas u oleadas más amplias, todavía por determinar.

La principal característica del proceso es que, de partida, hay más demanda que oferta. En el Santander, más del 25% de la plantilla tiene más de 55 años, según los sindicatos, que calculan que a finales de 2028 habrá más de 5.000 empleados de esa edad que potencialmente podrían acogerse al acuerdo. Sin embargo, esperan que haya unas 1.000 salidas por año.

El acuerdo, además, no establece una cifra cerrada de prejubilaciones y cada salida se negocia de manera individual entre el empleado y la entidad. Por lo que la cifra puede variar. En cualquier caso, los sindicatos consideran que el plan "ha sido un éxito en el Santander" porque los empleados pueden dejar de trabajar en unas condiciones favorables y por ello está teniendo tan buena cogida.

El plan, firmado el 22 de julio, establece un sistema de salidas anticipadas voluntarias para empleados que tengan entre 55 y 63 años al cierre del año en que se produzca su salida y acrediten al menos 15 años de antigüedad en el banco. La adhesión es voluntaria para ambas partes. El trabajador puede solicitar acogerse al plan y el Santander puede aceptar o rechazar la petición. Por tanto, cumplir los requisitos de edad y antigüedad no implica automáticamente su salida.

Hasta el 76% del salario

La pieza central del acuerdo es una compensación económica mensual que se percibe hasta los 63 años y seis meses, con la posibilidad de prolongarla hasta los 64 años mediante una redistribución de la misma cuantía total. Para los empleados de 55 a 57 años, la compensación será la opción más favorable entre el 74% del salario bruto anual pensionable o el 67% de ese salario más el 54% del complemento voluntario personal.

Para quienes tengan entre 58 y 63 años, se aplicará la alternativa más favorable entre el 76% del salario pensionable o el 70% más el 56% del complemento voluntario personal, explican.

A estas cantidades se suman otras medidas relevantes para quienes abandonen el banco. El Santander asumirá, en las condiciones previstas en el acuerdo, el coste del Convenio Especial con la Seguridad Social, de manera que puedan mantenerse las cotizaciones durante este periodo.

El acuerdo contempla además el mantenimiento de determinadas ventajas para los empleados que se acojan al plan, entre ellas las condiciones especiales de préstamos, las aportaciones al plan de pensiones, el seguro colectivo de vida y determinadas ayudas sociales. También se mantiene el premio de fidelidad para aquellos trabajadores que alcancen los 30 años de servicio durante el periodo de cobertura.

Un proceso que se extenderá hasta 2028

Las primeras salidas están previstas para estos últimos días de septiembre. Después continuarán en octubre, noviembre y los meses siguientes, de forma que el proceso se desarrollará durante dos años. Si bien, el acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2028. Durante este periodo, el Santander irá valorando las solicitudes individualmente y acordando con cada trabajador las condiciones y la fecha de su salida. De ahí que, por ahora, no exista una cifra total de prejubilaciones comprometida.

Los sindicatos calculan que más de 5.000 empleados podrían encontrarse a finales de 2028 en el tramo de edad susceptible de acogerse al acuerdo, pero esa cifra representa el colectivo potencial, no el número de salidas que finalmente vaya a producirse.

Una vez fuera del banco, los trabajadores podrán desarrollar otra actividad profesional, siempre que esta no suponga competencia con el Grupo Santander. El seguimiento del proceso quedará en manos de una Comisión de Seguimiento, encargada de supervisar la aplicación del acuerdo y de analizar su evolución. Este órgano también podrá valorar una eventual prórroga una vez se acerque el final de su vigencia.