Pimec ha dirigido una petición a las administraciones públicas para que consideren la aplicación de una reducción temporal de la carga fiscal que grava los carburantes de uso profesional, con la finalidad de contrarrestar los efectos derivados del aumento de la tensión bélica en Oriente Medio y sus consecuencias sobre los mercados energéticos internacionales. La patronal plantea esta medida como un instrumento para contener la escalada inflacionista y prevenir posibles problemas de liquidez que puedan afectar el tejido productivo formado por pequeñas y medianas empresas. El contexto geopolítico que enmarca esta petición viene determinado por el agravamiento de las hostilidades en Oriente Medio, con particular incidencia en las tensiones que involucran a Irán y que han generado una respuesta inmediata en los mercados energéticos globales.
La amenaza que planea sobre el estrecho de Ormuz, una infraestructura estratégica por donde circula aproximadamente una cuarta parte del comercio mundial de hidrocarburos, ha introducido un factor de incertidumbre que se ha traducido en un incremento de las primas de riesgo y en una tendencia alcista de los precios energéticos que ya empieza a manifestarse con claridad en los mercados europeos. La evolución reciente del precio del gasóleo de uso profesional constituye uno de los elementos que han suscitado mayor preocupación en el seno de la patronal.
En un lapso de solo once días, este combustible ha experimentado un encarecimiento del 25,3%, lo cual en términos absolutos representa un incremento de 36,6 céntimos por litro que ha situado el precio medio en 1,813 euros por litro. La velocidad con que se está produciendo el incremento actual constituye el rasgo más característico de este episodio, dado que las empresas afectadas no disponen de margen temporal suficiente para adaptar sus estructuras de costes ni para renegociar las condiciones de los contratos vigentes.
Los sectores más afectados por el incremento
Esta dinámica de precios está provocando que numerosas pequeñas y medianas empresas de los sectores del transporte y la logística tengan que asumir incrementos de costes que en muchas ocasiones no pueden repercutir a sus clientes. La relevancia económica de estos sectores es considerable, dado que representan entre el 11 y el 14% del PIB catalán y generan aproximadamente 170.000 puestos de trabajo.
La situación se vuelve especialmente crítica en los contratos de concesión de servicios públicos, particularmente aquellos que tienen por objeto la prestación de servicios de transporte colectivo, transporte escolar o movilidad por cuenta de las administraciones públicas. Estos contratos quedan excluidos de la aplicación de las cláusulas de indexación automática, dado que están sujetos a una normativa de contratación pública que no permite revisiones inmediatas. Pimec insta a la Generalitat y a los ayuntamientos a activar con carácter de urgencia los procedimientos de reequilibrio económico previstos en la normativa para las concesiones afectadas.
El conjunto de medidas que Pimec reclama abarca diversas actuaciones concretas orientadas a proteger el tejido empresarial. La entidad solicita el establecimiento de mecanismos de supervisión de los márgenes mayoristas de los carburantes, la adopción de medidas de amortiguación de los costes energéticos similares a las implementadas durante la crisis de 2022, y celeridad en la devolución mensual del Impuesto sobre Hidrocarburos.
Reclama también la aplicación efectiva de las cláusulas de indexación en los contratos de transporte del sector privado y el reequilibrio inmediato de los contratos de concesión de los servicios de transporte público. La organización empresarial concluye que las pequeñas y medianas empresas no pueden volver a asumir de manera desproporcionada el impacto de eventos que escapan a su control y reclama una respuesta institucional proporcionada a la rapidez con que se ha producido este choque energético.