La Asociación Española de Banca (AEB) que representa a entidades como el Santander, BBVA, Sabadell o Bankinter; así como la CECA, que engloba a entidades como CaixaBank o Unicaja, han presentado un recurso contra la orden ministerial que aprueba los modelos de autoliquidación y pago fraccionado del nuevo impuesto a la banca creado por la Ley 7/2024.

El sector, que también tiene recurrido el primer impuesto a la banca (el que se aprobó en el 2022) insiste en los "graves efectos económicos" que provoca este gravamen. En concreto, denuncian que impacta negativamente en la financiación de familias y empresas, la inversión y el conjunto de la economía.

"Las asociaciones bancarias AEB y CECA han emprendido acciones legales contra el nuevo impuesto a la banca, interponiendo recurso contencioso-administrativo contra la Orden Ministerial que aprueba el modelo de autoliquidación y pago fraccionado del tributo (Orden HAC/532/2025), publicada recientemente en el Boletín Oficial del Estado", explican en un comunicado conjunto este martes.

Estas acciones inciden en el rechazo que ya expresó el sector el pasado mes de noviembre, cuando se conoció el diseño de esta nueva figura, que se incorporó al sistema tributario para dar continuidad al gravamen extraordinario sobre la banca creado en 2022. El gobierno español decidió hace tres años aprobar este gravamen en un contexto marcado por la subida de tipos de interés.

Moncloa aseguró que la banca (y también las eléctricas) recibiría "beneficios caídos del cielo" y decidió imponerle esta tasa. Pero cuando cambió el ciclo y los tipos empezaron a bajar, no lo retiró, solo cambió su diseño. Entonces, las entidades financieras ya advirtieron que lo estudiarían en detalle y llegado el momento lo recurrirían, como han hecho ahora.

La banca española, la única que lo paga en Europa

Tras la publicación de la Orden, AEB y CECA insisten en su rechazo al impuesto por sus "graves efectos" para la financiación de familias y empresas, su impacto negativo para la inversión y, en general, su perjuicio al conjunto de la economía. Recalcan, además, que la banca española es la única gravada por un impuesto de este tipo en Europa, lo que supone una merma competitiva respecto al resto de entidades bancarias europeas.

Y en este sentido recuerdan que, al igual que sucedió con el gravamen extraordinario del 2022, el Banco Central Europeo (BCE) se pronunció en contra del nuevo impuesto en diciembre de 2024, advirtiendo además de sus efectos adversos. Entre otros, el organismo apuntó a que "limita la capacidad de las entidades de conceder crédito y contribuir potencialmente a unas condiciones menos favorables para los clientes de los préstamos y otros servicios", además de poder producir “consecuencias imprevistas para la solvencia y la competitividad de las entidades de crédito”.

La crítica del BCE ha sido respaldada recientemente por el Banco de España en su Informe de Estabilidad Financiera de Primavera, no sólo por sus efectos negativos sobre el crédito y la capacidad de hacer frente a perturbaciones, sino también porque “puede dar lugar a la fragmentación del sistema financiero europeo”, agregan las patronales. También el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un reciente informe, publicado en abril, solicita al Gobierno de España “discontinuar” este nuevo impuesto.