La asociación española que agrupa los operadores de centros de datos, SpainDC, recurrirá judicialmente y solicitará la suspensión cautelar del real decreto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros que establece los criterios de sostenibilidad que deberán cumplir estas infraestructuras tecnológicas en España. La patronal considera que impone condiciones de imposible cumplimiento que, en la práctica, suponen un "veto de facto" al desarrollo de nuevas infraestructuras en España.
A su entender, la normativa obliga a elegir entre requisitos inviables de adicionalidad y correlación horaria o aceptar desconexiones prioritarias (apagones selectivos) incompatibles con el funcionamiento continuo de estas instalaciones críticas, según ha informado la entidad que agrupa a más de 300 compañías del sector. Más allá de la vía judicial, la asociación ha advertido de que mantendrá su oposición en "todos los ámbitos institucionales y políticos" hasta conseguir la derogación o modificación sustancial de una norma que, a su juicio, "nunca debería haber sido aprobada".
La patronal ha lamentado que esta decisión se haya tomado pese a las reiteradas advertencias de la industria y de organismos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y sin que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, se haya reunido "ni una sola vez" con la asociación.
El presidente de SpainDC, Emilio Díaz, ha denunciado que el sector se siente señalado por un Gobierno que pretende convertirlo en "culpable de problemas que no ha provocado" y ha advertido que la medida pone en riesgo la soberanía digital del país. En este sentido, Díaz ha asegurado que sin centros de datos en territorio nacional no hay autonomía tecnológica posible y ha advertido que España dependerá cada vez más de otros países para desarrollar la inteligencia artificial, sostener su economía digital y gestionar sus datos.
Asimismo, ha tachado de "incomprensible" que un Ejecutivo que dice defender la soberanía digital apruebe una norma que amenaza las infraestructuras que la hacen posible, reiterando que no lo aceptarán y que pedirán a los tribunales que suspendan su aplicación.
Por su parte, la entidad ha avisado de que, mientras Europa impulsa estas infraestructuras para competir en inteligencia artificial, los 66.900 millones de euros de inversión previstos en España hasta 2030 quedan "seriamente amenazados" y corren el riesgo de trasladarse a otros países, llevándose consigo actividad económica, innovación y oportunidades de desarrollo industrial.
Por su parte, la directora ejecutiva de SpainDC, Begoña Villacís, ha replicado a las palabras de la ministra sobre el liderazgo español, ironizando con que España será pionera en ponerse "a la cola de la revolución digital". Asimismo, Villacís ha denunciado que el Gobierno actúe "en el tiempo de descuento y a nueve días de unas elecciones generales" para aprobar una norma "por la puerta de atrás de la tramitación urgente", sin consenso y haciendo oídos sordos al sector. En declaraciones recientes a Europa Press, Villacís ya había calificado de "decrecentista" el real decreto y había advertido de que convertirá a España en "el peor sitio para invertir de Europa".
En este sentido, denunció que el texto "lo único que busca es penalizar las opciones económicas de España, porque la suma de requisitos equivale a una prohibición", asegurando que "son de imposible cumplimiento" y lamentando que, de aplicarse en estos términos, el país pasará "de ser el sitio más atractivo al peor sitio para invertir" al no existir una regulación equivalente en el continente.
A juicio de la directora ejecutiva, el Gobierno pretende pasarle la factura a quienes quieren invertir en el país en lugar de asumir las consecuencias de años de falta de planificación e inversión en las redes eléctricas, acusando al Ejecutivo de obligar al sector a exportar su futuro en vez de regularlo.
Por otro lado, la patronal ha acusado al Ejecutivo de recurrir a cifras "alarmistas" y comparaciones "engañosas", criticando que Aagesen utilice Irlanda como ejemplo —donde los centros de datos representan el 23% del consumo eléctrico— frente al 5% de Países Bajos y el 0,8% de España. Para la asociación, resulta difícil justificar que el Gobierno esté centrado en "resolver los problemas de Irlanda" en lugar de atender las necesidades nacionales.
Finalmente, SpainDC ha exigido a la ministra que explique el origen y la metodología de los 5.000 millones de euros de sobrecoste eléctrico anunciados. Según ha recordado la entidad, esta previsión contrasta con estudios trasladados al Ministerio, como un análisis de Wood Mackenzie que estima que incorporar 3 gigavatios (GW) adicionales elevaría el precio eléctrico medio final "apenas un 1,3%" en 2030.