El Consejo de Ministros ha cerrado este viernes una semana marcada por la energía con la aprobación de dos piezas relevantes. Por un lado, el ejecutivo ha dado luz verde al real decreto que establece los criterios de sostenibilidad que deberán cumplir los centros de datos. Por otro lado, ha aprobado la planificación eléctrica que debe guiar las inversiones en la red hasta el año 2030. A estos dos acuerdos hay que añadir la transposición del nuevo régimen europeo de comercio de derechos de emisión para edificios y transporte por carretera, así como un conjunto de medidas pensadas para facilitar la entrada de las energías renovables en el sistema. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha sido la encargada de hacer públicos los acuerdos, mientras que la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha asumido la tarea de explicar su contenido y de defender su alcance.

La norma sobre los centros de datos ha sido la que más controversia ha levantado y la que ha recibido una oposición más clara por parte del sector afectado. Lejos de evitar el tema, Aagesen lo ha reivindicado como una pieza que coloca a España en una posición puntera. Según la ministra, el país es hoy un destino "atractivo para la inversión", y este atractivo se traduce también en el interés de los operadores de centros de datos por instalarse en el territorio. La titular de Transición Ecológica ha puesto cifras al argumento: sin este real decreto, los consumidores habrían tenido que hacer frente a un impacto de 5.000 millones de euros en la factura eléctrica. Este sobrecoste habría venido, por un lado, por una subida de los precios del mercado mayorista y, por otro, por unas necesidades mayores en cuanto al coste del mecanismo de capacidad.

Aagesen ha admitido que los escenarios podían variar según el perfil del consumidor, pero ha puesto un ejemplo concreto: los consumidores industriales habrían pagado un 25% más por la energía eléctrica que consumen. La ministra ha aportado más datos para contextualizar la dimensión del fenómeno. Actualmente, hay concedidos quince gigavatios de permisos de acceso para centros de datos, repartidos entre seis gigavatios en la red de transporte y nueve en la de distribución. En los últimos tres meses, han aflorado tres más, un ritmo que, según Aagesen, refleja el "latido" del sector y el apetito inversor que despierta el mercado español. La ministra ha querido dejar claro que el Gobierno quiere que estos proyectos lleguen al país, pero que lo hagan sujetos a los estándares de sostenibilidad y de soberanía digital que fija la norma.

Sostenibilidad y soberanía digital como ejes

El texto aprobado se estructura en dos grandes bloques. El primero aborda la sostenibilidad propiamente dicha; el segundo se centra en la soberanía digital, es decir, en todo aquello que tiene que ver con los datos, la privacidad y el uso que se hace de ellos. La finalidad declarada por la ministra es que el sistema "no se tensione", de manera que el precio que acaban pagando los consumidores no quede presionado por el gran consumo que representan estos centros. Con este objetivo, la norma fija que el 80% de la energía que consuman los centros de datos deberá ser de origen renovable. Aagesen también ha explicado que el decreto incorpora un régimen transitorio de carácter opcional, pensado para que los operadores dispongan de "ciertas flexibilidades" a la hora de alcanzar los requisitos que marca la norma.

La planificación eléctrica con horizonte 2030 ha sido el otro gran tema aprobado. Aagesen la ha calificado de "muy transformadora" para la red de transporte y ha asegurado que supone "la inversión más grande de nuestra historia" en este ámbito. La ministra ha vinculado este esfuerzo inversor a la transformación del sistema energético y a la apuesta por las renovables, dos factores que, según ella, han demostrado que España es un país "extraordinariamente atractivo" para los inversores. Uno de los elementos que ha querido subrayar es el cambio de criterio que introduce esta planificación: por primera vez, el primer vector que determina las inversiones es la demanda, y no ningún otro factor. Con este planteamiento, el gobierno quiere que las decisiones sobre la red respondan a las necesidades reales del sistema y de los consumidores.