Pedro Sánchez dejó claro este miércoles tras el Consejo de Ministros que la descarbonización de la economía española es una de las prioridades de su Gobierno, lo que le valió la desaprobación de una de sus vicepresidentas, Yolanda Díaz, por las deducciones que prepara del impuesto a las empresas energéticas si hacen inversiones en descarbonización. Estas deducciones están aún por desarrollar, pero el Ejecutivo de PSOE y Sumar sí se ha puesto manos a la obra con el PERTE para ayudar a la industria a reducir su huella de carbono.
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, aprobó este martes 26 de diciembre la orden para adelantar la convocatoria del PERTE de Descarbonización Industrial, vinculado al plan de recuperación financiado con fondos NextGen, que destinará casi 1.000 millones a la industria que invierta en hacer sus procesos productivos menos contaminantes. El plazo para pedir la subvención se iniciará el 24 de enero y terminará el 17 de abril de 2024.
En concreto, se destinarán 499,8 millones a subvenciones y 500 más a préstamos exclusivamente a empresas que realicen actividades industriales. Se trata de “ayudas a proyectos tractores de entidades pertenecientes a los sectores de la industria manufacturera en España, con el fin de impulsar la descarbonización de sus procesos productivos”, ha publicado el Ministerio de Industria en el BOE de este jueves.
Las deducciones de la discordia
El Consejo de Ministros de este jueves aprobó extender a 2024 el impuesto a las energéticas –y también a la banca, que ya ha levantado la voz– y trabajar para integrarlos en el sistema tributario español y hacerlos permanentes, pero en el caso de las empresas energéticas, Sánchez anunció que tendrán la posibilidad de deducirse dicho impuesto si realizan “inversiones estratégicas relacionadas con proyectos industriales para la descarbonización”.
Aunque aún no se conoce el redactado de esta deducción, lo que puede suponer a la práctica es que las grandes energéticas, que pagan unos 1.200 millones al año del gravamen por los beneficios llamados caídos del cielo, podrán reducirlo de forma muy significativa si, por ejemplo, invierten en plantas de producción de hidrógeno verde, combustibles sintéticos o si se alían con empresas del sector industrial para hacer instalaciones fotovoltaicas o de generación de energía con residuos en sus fábricas, entre otras opciones.
La posibilidad de que los gigantes del sector, como Iberdrola, Repsol, Endesa y Naturgy, puedan dejar de pagar una buena parte del impuesto provocó la queja de Yolanda Díaz, que poco después del anuncio de Pedro Sánchez, hizo un tuit para desmarcarse de la medida. Para la líder de Sumar, la política fiscal no debe beneficiar la descarbonización, sino que debe regirse por el principio de que pague más el que más gana.