Glovo ha dado a conocer la activación de un expediente de regulación de empleo que tendrá repercusiones sobre 750 repartidores. La medida se produce en un contexto de reestructuración empresarial menos de un año después de que la compañía decidiera abandonar el modelo de trabajo basado en falsos autónomos para integrar a sus repartidores como personal contratado, una decisión que comportó una transformación profunda de la estructura laboral de la organización.
El expediente de regulación de empleo plantea la extinción de contratos de trabajo en aproximadamente sesenta municipios distribuidos por diferentes territorios del Estado, una medida que comportará la reducción significativa de la presencia operativa de la compañía en determinados territorios. Entre las localidades donde se reducirá la actividad se encuentran algunas pertenecientes a las demarcaciones de Barcelona, Tarragona y Girona, así como otros territorios como Valencia, Alicante, Ciudad Real, Guadalajara, Cáceres, Badajoz, Sevilla, Málaga, Cádiz, Las Palmas, Guipúzcoa, Ceuta y Melilla.
La compañía ha justificado esta decisión como una medida necesaria para evitar el cierre definitivo de la operativa en determinadas zonas, y ha manifestado la intención de concentrar los esfuerzos en la consolidación del modelo de negocio actual, después de un periodo de adaptación a las nuevas exigencias normativas que han transformado radicalmente el sector del reparto a domicilio. El contexto en que se produce este anuncio viene marcado por numerosos frentes abiertos para la multinacional nacida en Barcelona en el año 2014. En Italia, la filial de la empresa, Foodinho SRL, fue objeto de una intervención por parte de la Fiscalía el pasado mes de febrero, una actuación que comportó la inspección de las instalaciones y la revisión de la documentación laboral de la compañía.
Investigación de las autoridades italianas
El ministerio público italiano investiga presuntas irregularidades laborales que incluirían el pago de salarios por debajo del umbral de la pobreza, la supervisión continuada de los trabajadores a través de la aplicación móvil, el establecimiento de jornadas laborales de hasta doce horas diarias y la concesión de periodos de descanso insuficientes, aspectos que han suscitado un debate jurídico y social considerable sobre las condiciones de trabajo en la economía de plataformas.
En el ámbito catalán, la Agència Catalana de la Competència publicó el pasado mes de diciembre un informe donde analizaba la estructura del mercado de reparto de comida preparada en línea. Según los datos recogidos por el organismo, correspondientes al mes de octubre de 2023, Glovo concentraba entre el 60% y el 80% de los pedidos realizados en los municipios con más densidad de población del territorio, una posición que le otorga un predominio claro en el sector. Esta posición dominante sitúa a la empresa en un mercado que la ACCO califica de oligopolio, seguido por Uber Eats y Just Eat, con cuotas de mercado que oscilan entre el 0 y el 20% cada una, una distribución que evidencia la concentración del negocio en pocas manos y las dificultades para la entrada de nuevos competidores.
El proceso de regularización laboral iniciado por Glovo hace aproximadamente un año supuso un cambio de paradigma en el modelo de negocio de la compañía, que pasó de trabajar con repartidores autónomos a contratarlos como personal asalariado, una transformación que implicó un incremento sustancial de los costes laborales y una reestructuración completa de la gestión de los recursos humanos. Esta adaptación a la normativa laboral, conocida como ley rider, fue fruto de la aprobación del Real Decreto Ley 9/2021, que estableció la obligatoriedad de considerar laborales las relaciones de los repartidores con las plataformas digitales, una norma que puso fin al modelo de falsos autónomos que había predominado en el sector desde sus inicios.
El anuncio del expediente de regulación de empleo ha generado expectación entre los agentes sociales y económicos, especialmente en aquellos territorios donde la compañía tiene una presencia significativa y donde los puestos de trabajo afectados pueden tener un impacto relevante en el empleo local. Los representantes sindicales deberán iniciar ahora un periodo de negociaciones con la dirección de la empresa para intentar mitigar los efectos de la medida sobre los trabajadores afectados, un proceso que se alargará durante las próximas semanas y que determinará finalmente las condiciones en que se producirán las extinciones contractuales.
La situación de Glovo refleja las dificultades que está atravesando el sector del reparto a domicilio a escala internacional, con numerosas empresas que han tenido que redefinir sus modelos de negocio para adaptarse a las nuevas exigencias normativas y a un mercado cada vez más competitivo. La compañía, que experimentó un crecimiento exponencial durante los años de la pandemia, cuando la demanda de servicios de reparto a domicilio se disparó, se enfrenta ahora al reto de mantener la rentabilidad en un contexto de costes laborales crecientes y de competencia intensa por parte de otras plataformas.