La Confederación General del Trabajo ha presentado una impugnación formal contra el Expediente de Regulación de Empleo que Glovo ha puesto sobre la mesa para despedir a 500 personas. El sindicato considera que la empresa no ha aportado las pruebas necesarias que justifiquen las medidas, y ha cuestionado la decisión de la dirección de apostar por la subcontratación de actividades sin demostrar que esta opción sea más eficiente.
La CGT ha criticado que el acuerdo mejora de manera muy limitada las condiciones mínimas legales y que se acepta sin que se hayan presentado causas ni pruebas que lo sostengan. Según ha explicado el sindicato en un comunicado, la compañía no ha proporcionado ningún dato concreto que demuestre los supuestos desajustes de plantilla que alega para justificar el despido colectivo. La CGT ha señalado que algunos sindicatos han apoyado el acuerdo sin que se hayan aportado suficientes pruebas, lo cual considera una irregularidad que puede tener consecuencias legales.
La trayectoria judicial de Glovo
La CGT ha recordado que Glovo ha tenido un historial judicial desfavorable en cuanto a la contratación de la plantilla bajo el régimen general de la Seguridad Social. Según el sindicato, los juzgados han rechazado reiteradamente las tesis de la compañía y han confirmado los derechos de los trabajadores, lo que debería hacer sospechar de la solidez de las causas alegadas en el actual expediente. El sindicato ha subrayado que el acuerdo impugnado plantea un modelo basado en la externalización de actividades hacia empresas que, en muchos casos, solo aportan mano de obra.
Esta situación, advierte la CGT, podría derivar en supuestos de cesión ilegal de trabajadores y servir para trasladar responsabilidades laborales fuera de Glovo, una práctica que los juzgados ya han declarado ilegal en otros casos. La CGT ha insistido en que la empresa no ha demostrado que la externalización sea más eficiente ni ha analizado qué tareas realiza la empresa principal y cuáles corresponden a la actividad externalizada.
El sindicato ha señalado que el ERE se basa en suposiciones sin pruebas, y que la compañía no ha acreditado que haya un descenso de la actividad en un sector que sigue expandiéndose. El sindicato también ha cuestionado que el acuerdo no incluya medidas que garanticen la viabilidad de la empresa a largo plazo, sino que se limite a reducir plantilla sin abordar los problemas estructurales que pueda tener la organización. Para la CGT, esta falta de planificación demuestra que el ERE no responde a una necesidad real de la empresa, sino a una voluntad de reducir costes laborales a corto plazo.
Un precedente que pone en cuestión la legalidad de la subcontratación
La impugnación de la CGT se basa, en buena parte, en el precedente judicial que Glovo ha acumulado en los últimos años. Los juzgados han dictado sentencias contrarias a la compañía en varios casos relacionados con la contratación de repartidores, y han reconocido la relación laboral entre Glovo y sus riders, lo que contradice la tesis de la empresa de que los repartidores son autónomos.
La CGT considera que el ERE actual es una nueva maniobra de Glovo para evitar sus responsabilidades laborales, en este caso mediante la subcontratación de actividades que, hasta ahora, realizaban trabajadores de la plantilla. El sindicato ha advertido que esta práctica podría ser declarada ilegal por los tribunales, y ha animado a los trabajadores afectados a defender sus derechos por la vía judicial.
Las próximas pasos del conflicto
La impugnación de la CGT se ha presentado ante las autoridades laborales y, si no se resuelve de manera favorable, el sindicato no descarta recurrir a la vía judicial para defender los derechos de los trabajadores afectados. La dirección de Glovo, por su parte, ha defendido la legalidad del ERE y ha asegurado que las medidas planteadas son necesarias para garantizar la viabilidad de la empresa a largo plazo.
El conflicto entre la CGT y Glovo se suma a las tensiones que ya existían en el sector del reparto a domicilio, donde las condiciones laborales y la precarización del empleo han sido objeto de debate en los últimos años. La impugnación del ERE es un nuevo capítulo de esta lucha, en la que los sindicatos intentan frenar lo que consideran una degradación de las condiciones de trabajo en un sector que, a pesar de su crecimiento, continúa caracterizado por la inestabilidad laboral.