La quiebra de Càrnies Vilaró, empresa originaria de Sils (Girona) llega a juicio catorce años después del cierre de la compañía. La antigua empresa porcina, que llegó a tener 600 trabajadores y a ser el primer exportador de porcino del Estado, cerró en septiembre de 2012 después de no superar un concurso de acreedores y entrar en liquidación. Ahora, la fiscalía acusa al antiguo administrador y a diez investigados más de haber creado un entramado de empresas pantalla alrededor de Càrnies Vilaró para acreditar una solvencia que no existía y conseguir créditos tanto de los bancos como del Institut Català de Finances. Los acusados se enfrentan a penas de entre ocho años y medio y quince años de prisión y a pagar más de 21 millones de euros de indemnización. La causa debía comenzar este lunes en la Sección Cuarta de la Audiencia de Girona, pero la incomparecencia de uno de los acusados, que vive en Andalucía, ha obligado a posponer la vista hasta finales de semana.
Càrnies Vilaró de Sils nació en el año 1976 como una empresa familiar. Con el paso de los años, fue creciendo hasta tener plantas también en Mollerussa y en Granollers. La compañía llegó a procesar hasta 1.700 cerdos al día y se convirtió en el principal exportador de esta carne en todo el Estado, con presencia en más de una veintena de países de Europa, Asia y América. Esta trayectoria hizo de Càrnies Vilaró una de las empresas más destacadas del sector porcino catalán y español. Su actividad generaba empleo y riqueza en la comarca de la Selva y en las zonas donde tenía sus plantas. El cierre de la compañía tuvo un impacto importante en el tejido económico local y dejó las naves de Sils sin actividad desde entonces.
El concurso de acreedores y el cierre
En marzo de 2010, la cárnica entró en concurso de acreedores, la antigua suspensión de pagos. Dos años más tarde, en septiembre de 2012, acabó cerrando y entró en liquidación. La empresa quebró después de que sus acreedores, entre los que había varias entidades financieras, no avalaran el plan de viabilidad que había presentado. El cierre de Càrnies Vilaró tuvo también una derivada judicial. La fiscalía vio indicios de delito en la forma en que se habían llevado las cuentas de la compañía durante los últimos años en que el matadero tuvo actividad, concretamente a partir de 2008.
Según el escrito del ministerio público, los tres directivos principales de la cárnica y hasta siete personas y empresarios más crearon un entramado de empresas pantalla para acreditar una falsa solvencia. A través de estas firmas satélite, donde quienes figuraban al frente tenían relaciones de amistad o familiares entre ellos, se llevaron a cabo operaciones ficticias para conseguir financiación de los bancos. En total, según la fiscalía, hubo una decena de bancos que se vieron perjudicados por esta mecánica. Entre estos se encuentran el Deutsche Bank y la antigua Catalunya Caixa, Caixa Galicia, Banco Pastor, Banesto o Bankpime, que luego fueron absorbidas por otras entidades. Además de engañar a los bancos, el ministerio público acusa a los once investigados de llevar a cabo diversas irregularidades contables. A dos de ellos también los señala por haberse embolsado parte de un crédito que concedió el ICF para comprar el matadero de Mollerussa.
La fiscalía imputa a los diferentes administradores y directivos delitos de insolvencia, estafa continuada, falsificación de documento y apropiación indebida. Pide condenas que se extienden entre los ocho años y medio y los quince años de prisión. Las penas más bajas afectan sobre todo a aquellos que estaban detrás de las empresas consideradas satélite, mientras que las más elevadas se reservan a los tres antiguos directivos de Càrnies Vilaró: el administrador principal de la compañía, una mujer que gestionaba la empresa de Sils y el director financiero. En materia de responsabilidad civil, la acusación pública pide una indemnización global que supera los 21,67 millones de euros. Esta cifra corresponde a la suma de todas las facturas impagadas y de las operaciones comerciales simuladas que financiaron los bancos, así como los 38.701 euros procedentes del crédito del ICF que no se justificaron.