La Comisión Europea ha concedido a España la prórroga de seis semanas que había solicitado esta semana para responder al expediente de infracción abierto en julio por los poderes discrecionales que varias normas en la legislación española otorgan al Gobierno para poder frenar operaciones como la opa del BBVA al Sabadell. Según han informado a Europa Press en fuentes conocedoras de la decisión, la Comisión Europa ha respondido de esta forma a la solicitud que había remitido el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa pidió a Bruselas una extensión de seis semanas de la fecha límite el pasado 12 de septiembre, cinco días antes de que expire el plazo. El Ejecutivo comunitario trasladó la apertura del expediente el pasado 17 de julio. Ya en julio, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa aseguró que cooperaría constructivamente para explicar y aclarar "cualquier diferencia jurídica o técnica".
Las dudas del Ejecutivo comunitario van desde la consideración de que la transposición de dos leyes europeas necesita un cambio profundo a si la intervención del Gobierno en la operación responde a un verdadero motivo de interés general. El organismo liderado por Ursula Von der Leyen considera que la normativa empleada para evaluar y fijar los requisitos establecidos en la opa infringe varias leyes comunitarias, entre ellas, las que garantizan la libertad de establecimiento y de circulación de capitales.
Asimismo, la opinión de Bruselas es que en cuestiones bancarias no cabe elevar la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Consejo de Ministros. Con todo, este proceso no afectará en la práctica a la operación de BBVA sobre el Sabadell, ya que lo que preocupa a la Comisión es cómo la legislación española no está lineada con el Derecho de la UE.
La postura del Ministerio es que la normativa que cuestiona Bruselas lleva bastantes años vigente y desde su aprobación se ha aplicado en varias ocasiones. La ley de Defensa de la Competencia se aprobó en 2007, mientras que la ley de Solvencia de las Entidades de Crédito se aprobó en 2014.