El adelanto electoral anunciado el pasado lunes por Pedro Sánchez alivia al sector financiero, que estaba a punto de enfrentarse a la aprobación de una nueva figura, la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, con la que ninguna entidad estaba de acuerdo. Además, la banca ya había recurrido el nuevo impuesto aprobado por el Gobierno español, sobre el que también se han mostrado muy críticos desde que se anunció en verano de 2022.
"La convocatoria de elecciones es una decisión del presidente del Gobierno y poco tengo que decir", expresaba este miércoles la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB) en un encuentro organizado por el Consejo General de Economistas. "Trabajamos con las administraciones públicas a todos los niveles, y dentro de esta relación podemos decir lo que no nos gusta, y no nos gusta el impuesto porque tienen efectos negativos sobre la economía y el empleo, de hecho está recurrido. Y tampoco nos gusta la Autoridad de Defensa de Cliente, son áreas donde estamos en contra claramente".
Así de clara se mostraba Alejandra Kindelán, que bajo el paraguas de AEB representa a grandes entidades como Santander, BBVA o Sabadell, que al igual que el resto del sector, se han visto beneficiadas por el mero hecho del anuncio de elecciones anticipadas, ya que al disolverse las Cortes, todas las normas que están en tramitación se paran.
Pero también se verán beneficiadas si hay un cambio en la presidencia del Gobierno español, pues tanto el PP como Vox han rechazado el impuesto a la banca y las energéticas que aprobaron de manera conjunta el gobierno de PSOE y Unidas Podemos el año pasado, de hecho, votaron en contra.
Sobre la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, la presidenta de AEB ha insistido en que a la banca "no le gusta como está configurada" y además, "no hacía falta para resolver estas cuestiones" porque el sector ya tiene sus propios departamentos de Servicio de Atención al Cliente y además supervisan esta labor el Banco de España, la CNMV o la Dirección General de Seguros, a quienes se les puede reclamar.
En su opinión, "no hace falta crear una Autoridad nueva con los costes que ello supone". Tal y como está configurada, explicaba, sobre todo, la tasa, que pedía 250 euros a la banca por cada reclamación, "le dieran o no la razón al cliente", daba incentivos para reclamar "y generaría a la postre más litigiosidad". Aunque se haya paralizado su tramitación, Kindelán indicaba que no saben si finalmente habrá o no Autoridad.
AEB tampoco ha confirmado si la reunión prevista con la ministra de Economía, Nadia Calviño, para analizar la evolución del acuerdo hipotecario (el Código de Buenas Prácticas, en vigor desde enero), se va a mantener. "Tendría que tener lugar en junio y no nos han dicho que no, seguimos trabajando en ello junto a CECA y Unacc porque es prioritario para el sector".
En cuanto al impuesto, Kindelán insistía en que la mayor prueba de que no les gusta "es que está recurrido". El problema nace desde su anunció, "se tramitó como proposición de Ley sin consulta pública ni los informes preceptivos que lo suelen acompañar. Solo llegó un único informe del Banco Central Europeo, donde además manifestaba sus dudas", comentaba.
También subrayaba que el BCE dejó claro "que no se podía decir que había beneficios extraordinarios por las subidas de tipos" porque las autoridades creen que al igual que mejora de márgenes, las subidas de tipos frenan la economía, por lo que "puede haber un repunte de la morosidad y la necesidad de hacer más provisiones". Además, las subidas de tipos suelen tener impacto en el empleo y el crédito, concluía.