Deloitte tiene serias dudas sobre la viabilidad de Duro Felguera, pese a que la empresa asturiana ha obtenido un beneficio de 1,5 millones hasta junio, recibió el rescate de 120 millones por parte del Gobierno español y ha cumplido con la obligación de venta del 60% del capital de Epicom para que pueda entrar en su capital dos grupos de inversores extranjeros.

El auditor ha emitido un informe dirigido a los accionistas de la compañía, por encargo del consejo de administración de la propia Duro Felguera, tras la presentación de las cuentas del primer semestre, y en este llama la atención sobre el patrimonio y fondo de maniobra negativo de la compañía, que cierre de junio era de 49,1 millones de euros, superior incluso a los 43,6 millones de diciembre.

“Esta situación supone la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad del grupo para continuar como empresa en funcionamiento y cumplir con sus obligaciones financieras”, que son, devolver el mencionado rescate y reducir su deuda, que asciende a 131,5 millones de euros, según expone la empresa de ingeniería en sus cuentas. 

Deloitte indica que Duro Felguera ha presentado las cuentas del primer semestre bajo el principio de “empresa en funcionamiento” porque asume que su situación patrimonial y su capacidad financiera se verán fortalecidas por la entrada de fondos procedentes de las operaciones de desinversión y la entrada de inversores. Pero el auditor incide en que estas “explicaciones” son las que los administradores de la sociedad “consideran oportunas” y no tienen por qué ser reales.

Las desinversiones a la que se refiere la compañía que preside Rosa Aza y que dirige Jaime Argüelles son, la de su participación en la multinacional australiana Ausenco Limited, donde espera obtener “una entrada de caja de entre 18 y 20 millones de euros antes de que acabe el año”. Y también la venta del 60% de su filial Epicom a Indra y Grupo Oesía por 5,3 millones de euros, el otro 40% está en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) desde 2021.

Deloitte lleva 3 años advirtiendo sobre la delicada situación financiera de la empresa 

La venta del 60% fue una de las condiciones del Gobierno para que pudieran entrar inversores extranjeros (los grupos mexicanos Prodi y Mota-Engil) en la ampliación de capital de 90 millones de euros aprobada en la junta de accionistas que Duro Felguera celebró el pasado mes de julio. “Cumplidas las condiciones para el desembolso del préstamo, se va a solicitar de manera inmediata su desembolso”, asegura la asturiana.

Deloitte deja claro que estas cuestiones “no modifican” su conclusión y también, que el informe no es una auditoría. Su opinión, explica, se emite tras la realización de preguntas a los responsables financieros de la compañía y contables. Lo que, por otra parte, no les permite asegurar si han contado con el conocimiento “de todos los asuntos importantes” que habitualmente suele tener en una auditoria.

De todas formas, no es la primera vez que Deloitte advierte a la compañía que tiene dudas sobre su viabilidad, lo ha hecho tras cada informe de resultados semestral o anual desde que empezó a auditar sus cuentas en 2020. Además de su situación financiera, también destaca la oleada de pleitos judiciales a los que se enfrenta, como la investigación por corrupción en Venezuela.

Duro Felguera defiende su viabilidad

Pese a todo, Duro Felguera defiende en su informe semestral que mantiene la hoja de ruta que presentó ante accionistas e inversores en el Plan de Negocio de 2022, el cual contempla superar los 1.000 millones de euros de contratación y ventas en cuatro años, para así pasar de una fase de viabilidad a otra de crecimiento y expansión, que a su vez le permitirá “reducir la deuda financiera en aproximadamente 90 millones”.

En este sentido la compañía explica que, durante el presente ejercicio y el siguiente, no se computará en sus cuentas las pérdidas del ejercicio 2020 (superiores a 171 millones) y, sin embargo, sumará los préstamos participativos que ha recibido de la Sepi y el gobierno de Asturias, lo que hace que el patrimonio neto de la sociedad ascienda a 159 millones de euros, según sus cálculos.