El Banco de España (BdE) ha analizado la evolución de los programas de garantías públicas que se concedieron en la pandemia, como los créditos ICO, los rescates de la SEPI o el fondo de recapitalización de Cofides, así como las ayudas directas que concedieron las comunidades autónomas a los autónomos y las pymes. Y concluye que estas ayudas directas “no fueron eficientes”. Principalmente, porque la inmensa mayoría se dieron a empresas que no lo necesitaban, ya que no se habían endeudado más por el covid-19. También destaca que se dieron a quienes ya estaban endeudadas de antes. Mientras que, las que verdaderamente lo necesitaban, solo recibieron un 15% del total de las ayudas.

En concreto, el supervisor pone de relieve en un informe donde estudia "los programas de garantías públicas y de ayudas directas a las empresas españolas implementados durante la crisis del covid-19" que, de los 3.200 millones de euros a los que asciende el volumen de ayudas concedido a las pymes y empresarios individuales, solamente 500 millones habrían ido dirigidos a empresas que presentaban déficit de capital como consecuencia de la crisis sanitaria.

Es decir, apenas un 15% del total habrían ido dirigidos a empresas con problemas de solvencia como consecuencia de la crisis, por lo que el programa “habría contribuido a reducir moderadamente sus problemas”. Sin embargo, las empresas que no se enfrentaban a problemas de solvencia, ya que su ratio de capital era positivo en 2019 y no se había reducido en 2020 o, si lo había hecho, se situaba por encima del 10%, habrían recibido la mayor parte de estas ayudas: 2.600 millones de euros.

Finalmente, se habrían destinado 100 millones de euros a empresas cuya ratio de capital ya era 0 o negativa en 2019. De manera que más de un 81% del total de las ayudas fue a empresas que no lo necesitaban y también algo más del 3% a empresas que ya estaban endeudadas de antes. En suma, un 85% del total.

“Estos resultados sugieren que, aunque el volumen de las ayudas directas desplegadas habría permitido cubrir potencialmente una parte muy destacada del déficit de capital de las empresas con problemas de solvencia a raíz de la crisis del covid-19, su asignación no fue eficiente, ya que solamente una pequeña parte de las ayudas fue destinada a cubrir el déficit de capital de las empresas deficitarias”, apunta el BdE.

En este sentido, el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos recuerda en el informe que podían optar a estas ayudas aquellas empresas cuya facturación hubiera caído más del 30% en 2020, que pertenecieran a determinados sectores especialmente afectados por la pandemia y que hubieran presentado ganancias en 2019. Pues así lo determinó el ministerio de Economía que lidera Nadia Calviño.

Pero Calviño pasó esta competencia a las comunidades autónomas (CCAA), que fueron las que gestionaron este programa de ayudas directas, y a juicio del BdE “tuvieron cierta flexibilidad en la aplicación de dichos criterios”, por eso, los resultados muestran que no se tuvo en cuenta que la facturación hubiera caído ese 30%.

En cuanto al fondo de la Sepi, dotado de 10.000 millones de euros, y el de Cofides, con otros 1.000 millones (que se destinaron a empresas de gran tamaño), el Banco de España entiende que su asignación sí se basó en criterios generales, así como en un análisis individualizado de la situación económica y financiera de las empresas solicitantes y de sus perspectivas de negocio. Es decir, que está bien otorgado.

Los créditos ICO fueron “fundamentales”

El Banco de España también destaca que los programas de garantías públicas también habrían sido “fundamentales” para permitir que muchas empresas en nuestro país pudieran cubrir sus mayores necesidades de liquidez. Principalmente, las líneas de avales gestionadas por el ICO, que dieron un respiro a las empresas con un acceso a la financiación externa a priori más difícil, como las pymes, o las que operaban en los sectores más golpeados por la crisis.

El supervisor, que considera que los sectores “muy afectados” fueron aquellos en los que sus ventas cayeron más de un 15% en 2020 y como “moderadamente afectados” si sus ventas cayeron entre un 9% y un 15%, indica también que la financiación captada por muchas las empresas que solicitaron un crédito ICO en 2020 no solo se habría destinado a cubrir sus déficits de liquidez más inmediatos, “sino que al menos una parte de los fondos recibidos se habría utilizado para aumentar los colchones de liquidez por motivos precautorios”.

Es decir, se solicitaron como medida de prudencia. La última cifra facilitada por el ICO es que entre 2020 y 2022 habría otorgado 141.000 millones. Finalmente, el Banco de España aplaude que el Gobierno español pusiera en marcha otras medidas de alivio durante la crisis para las rentas de hogares y empresas, como los ERTE, los aplazamientos del pago de alquileres, cotizaciones sociales e impuestos.