La startup tecnológica Bleta, con sede en Cornellà de Llobregat, ha cerrado un acuerdo de colaboración con la Associació Catalana de Municipis (ACM) con el objetivo de promover un acceso digital más inclusivo desde las administraciones locales. La iniciativa pretende acercar a los ayuntamientos soluciones pensadas para reducir la distancia tecnológica entre la ciudadanía y los servicios públicos.

El convenio gira en torno al software desarrollado por Bleta, una herramienta especialmente diseñada para facilitar la comunicación entre los consistorios y colectivos como las personas mayores o personas con dificultades de acceso a las plataformas digitales convencionales.

El objetivo: garantizar que cualquier vecino o vecina, independientemente de la edad o de su nivel de competencia digital, pueda recibir información municipal relevante —como avisos, noticias o trámites básicos— de una manera clara, intuitiva y accesible.

"Queremos que sea la tecnología la que se adapte a las personas, y no al revés", destaca Gerard Pinar, cofundador de Bleta. "Este acuerdo con la ACM nos permite dar un paso más para llevar esta visión a los municipios y acercar una administración más humana y comprensible".

Tecnología al servicio de las personas

La colaboración también abre la puerta a desplegar el proyecto de manera ágil en los ayuntamientos que lo soliciten, así como a medir el impacto real de la herramienta en la vida cotidiana de la población. Se trata de un paso significativo hacia una digitalización más empática y al servicio de todo el mundo.

Además, la alianza entre Bleta y la ACM permitirá establecer nuevas líneas de trabajo orientadas a reforzar la autonomía digital de las personas más vulnerables tecnológicamente. El objetivo final: mejorar la calidad del servicio público, fomentar la cohesión social y preparar las comunidades locales para afrontar los retos digitales presentes y futuros.

Uno de los ámbitos donde la brecha digital es más evidente es la educación. Durante la pandemia del  COVID-19, se puso de manifiesto la desigualdad entre alumnos que disponían de dispositivos y conexión en internet de calidad, y aquellos que no tenían bastantes recursos para seguir las clases en línea. Esta situación agravó las diferencias educativas y puso de relieve la necesidad de garantizar el acceso universal a las TIC como herramienta básica de aprendizaje.

Con respecto a la población adulta, las desigualdades también son notables, especialmente entre las personas mayores o con niveles bajos de formación. Este colectivo a menudo tiene más dificultades para acceder a servicios digitales, como la banca en línea, la cita previa a los servicios públicos o la tramitación electrónica, cosa que puede derivar en una exclusión social progresiva.

Geográficamente, la brecha digital también tiene una dimensión territorial. Las zonas rurales o de baja densidad de población tienen más dificultades para acceder a una conexión de alta velocidad, hecho que limita las oportunidades de teletrabajo, emprendimiento o acceso a la formación a distancia. Este desequilibrio territorial puede contribuir al éxodo rural y a la concentración de la actividad económica en las grandes áreas urbanas.

Para combatir esta problemática, la Generalitat ha impulsado varios planes de inclusión digital, así como la mejora de la infraestructura de telecomunicaciones. Sin embargo, el reto va más allá de la tecnología: hacen falta una apuesta decidida por la formación digital de toda la ciudadanía y una política pública que garantice la igualdad de oportunidades en el entorno digital.