La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha advertido este jueves de que "los acuerdos hay que cumplirlos", y el compromiso del PSOE y Sumar era revisar los impuestos extraordinarios a la banca y a las energéticas con el objetivo de mantenerlos. Una semana después de que la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, abriera la puerta a revisar el impuesto a la banca, como ya se había dicho anteriormente con el de las energéticas, ante el nuevo escenario de tipos, dando a entender que podría suavizarse, Díaz ha recordado el acuerdo de Gobierno.

En una entrevista en la Cadena Ser, la ministra de Trabajo ha explicado que, "en una crisis sin precedentes", el debate es quién ayuda a contribuir a la salida de esta. "Hay gente que lo está pasando muy mal", ha añadido. Ha vuelto a poner el foco sobre la banca, "con unos beneficios de 20.000 millones tras impuestos", y sobre las energéticas, con unos beneficios de 8.500 millones de euros, antes de insistir en que los acuerdos hay que cumplirlos.

De forma ambigua

Aunque ella misma ha reconocido que hay partes del acuerdo de Gobierno que están redactadas "de forma ambigua", ha aclarado que ese no es el caso de los impuestos a la banca y a las energéticas, donde se habla de revisarlos con el objetivo de mantenerlos. "Revisaremos los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar", recoge literalmente el acuerdo.

Además, la vicepresidenta segunda ha señalado que la regulación actual de estos impuestos está planteada hasta el último trimestre de 2024, por lo que para adoptar cualquier cambio habría que modificar la norma, lo que en su opinión "es un dislate". "Estamos en invierno y hay una pobreza sin precedentes", ha dicho, antes de reflexionar sobre la posibilidad de permitir "que quienes tienen beneficios superlativos no contribuyan en esta crisis".

3.000 millones

El Gobierno aprobó el impuesto extraordinario a la banca con el objetivo de recaudar en dos años unos 3.000 millones de euros para financiar medidas sociales frente a la subida de tipos y de la inflación. Las patronales bancarias recurrieron el nuevo tributo que grava con un 4,8% los ingresos -el margen de intereses y las comisiones del negocio bancario en España- en lugar de los beneficios, que el Gobierno consideraba extraordinarios por el alza de los tipos de interés.

El sector bancario español siempre ha manejado argumentos como que el impuesto atenta contra la competencia, ya que no afecta a todas las entidades, sino a aquellas cuyos intereses y comisiones sumaban al menos 800 millones de euros. La gran banca española -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja- pagó más de 1.300 millones de euros este año por el nuevo impuesto.