Quienes tienen que velar porque se cumplan las leyes laborales están sobrecargados de trabajo e irán a huelga indefinida. A partir del próximo lunes, los Inspectores de Trabajo realizarán la primera huelga indefinida de su historia después de varias jornadas de protestas a lo largo del año que no han dado los frutos deseados. Los sindicatos de función pública CSIF, CIG, Sindicato de Inspectores de Trabajo (SITSS), Sisclass, UPIT y Usess se han unido, sin el apoyo de Comisiones Obreras, que se ha quedado fuera esta vez, para pedir refuerzos en ambos departamentos, sobrecargados por las múltiples medidas de los nuevos ministerios.
Los sindicatos remiten al acuerdo publicado en el Boletín Oficial del Estado de diciembre de 2021, con el Plan estratégico que prevé reforzar las plantillas. "Un año después, seguimos sin ver esos refuerzos", demanda a ON ECONOMIA Ana Ercoreca, del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS), que asegura que la convocatoria electoral no es freno para las reivindicaciones, ya que "no estamos ante un gobierno en funciones" y pide al Gobierno "que cierre la legislatura cumpliendo con lo prometido".
Las políticas laborales de la ministra Díaz han aumentado el grueso de trabajo de los Inspectores, que, sin embargo, denuncian que no han recibido el refuerzo de casi 1.000 plazas más que esperaban después del Plan estratégico. Las huelgas se suceden por el incumplimiento desde enero, pero la situación se tornó algo más política en mayo, cuando desde el ministerio de Trabajo aseguraron que era el ministerio de Función Pública y Hacienda, responsable de las condiciones del sector público, quien se había negado a aprobar la mejora en la relación de puestos de trabajo (RPT).
El papel de Hacienda
Desde Hacienda respondieron entonces que ya se había puesto en marcha la incorporación de 781 inspectores más, así como 6 millones de euros para pagar la productividad extraordinaria de unos ministerios que han visto ampliada su carga de trabajo después de la reforma laboral, con un mayor control de la temporalidad, así como con la ofensiva contra los falsos autónomos, en especial los riders, los falsos becarios. Los sindicatos de Inspectores, aunque en un principio desviaron su ira hacia el ministerio de Hacienda una vez conocida la situación, responsabilizar ahora de ambos a la falta de medidas.
Más allá del incremento de efectivos, el plan estratégico recogía "la creación de una estructura y una modernización de la Inspección para que no se quede atrás en el marco normativo", señalan fuentes sindicales, que creen que "no hay razón ni excusa" para que no se haya aplicado el plan acordado. Ercoreca, del sindicato, lamenta también que "se haya creado una oficina de discriminación cuando dentro de los puestos hay también discriminación" y apunta al hecho de que "quienes dejan un emplazamiento para volver a casa pierden 370 euros y no hay derecho".
Durante el último año, además de Inspección de Trabajo, los trabajadores de Seguridad Social también fueron a varias huelgas que finalizaron con el acuerdo alcanzado con el ministro José Luis Escrivá para descongelar la Agencia de la Seguridad Social y contratar 2.500 trabajadores.