El Gobierno de Ximo Puig y el sector de la distribución de la Comunitat Valenciana, desde grandes supermercados a pequeño comercio alimentario, han acordado un programa para conceder un bono de 90 euros a familias con rentas inferiores a 21.000 euros para comprar alimentos en toda la Comunitat Valenciana.
El programa Bono Cesta Compra funciona como una tarjeta prepago válida por cuatro meses desde su emisión y es compatible con el cheque de 200 euros del Gobierno de España, pero a diferencia de este, el de la Comunitat Valenciana solo se puede gastar en alimentos y es válido en todos los establecimientos del sector de la alimentación de la Comunitat Valenciana.
El objetivo es mitigar el impacto de la inflación en las familias vulnerables y se estima que beneficiará a medio millón de personas, ya que el presupuesto previsto es de hasta 48,44 millones de euros.
El bono se pedirá de forma telemática desde abril hasta 15-7-2023 a través de un procedimiento “sencillo y simplificado” y mediante cita previa en la página web https://bonocesta.gva.es. La Agencia Tributaria Valenciana comprobará las solicitudes y, si cumplen los requisitos, se informará al beneficiario por email o sms para que recoja la tarjeta precargarda con los 90 euros en una red de puntos de distribución.
La empresas participantes en esta iniciativa son: Alcampo, Carrefour, Consum, Dia, Dialprix, El Corte Inglés, Hiperber, Lidl, Más y Más, Mercadona, Spar y el pequeño comercio representado por Asucova y Confecomerç.
De forma complementaria, las grandes distribuidoras de alimentación de la Comunitat Valenciana y un sector del pequeño comercio donarán hasta 1 millón de euros, con destino a ONGs y asociaciones sin ánimo de lucro, para la adquisición de alimentos.
El Bono Cesta de la Compra ha sido presentado este martes en València por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en un acto en el que ha estado acompañado por, entre otros, el presidente de la patronal valenciana CEV, Salvador Navarro. Al acto han asistido también los secretarios generales de UGT PV y CCOO, representantes de los distribuidores y del pequeño comercio.
Una ayuda permitida por Competencia
El presidente de la patronal valenciana ha defendido que están haciendo "todo lo que está en sus manos" y ha apuntado que la capacidad de ayudar de las entidades es "limitada" porque también se enfrentan a un importante incremento de costes y "los márgenes se están reduciendo".
En este línea, ha indicado que el porcentaje de ayuda comprometida "está por encima de los márgenes de estas empresas" y que es la fórmula que permite la ley porque "cualquier otra opción no pasaría el control de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia" y ha defendido, por último, que esto se añade a que cada distribuidor "ya está haciendo esfuerzos por ofrecer el mejor precio posible respetando la ley de la Cadena Alimentaria y son perjuicio ni de industria no de productores".
Puig ha subrayado el "enorme esfuerzo" que supone esta iniciativa para las arcas públicas, por lo que ha agradecido el trabajo del conseler de Hacienda, Arcadi España, ha valorado que esto genera "un paso más entre la confianza en los valencianos de llegar a acuerdos y generar un escenario positivo para la convivencia, la inversión y la actividad económica".
"Esta iniciativa va al corazón de las economías domésticas, a las neveras, desde la cooperacion pública-privada", ha expuesto, y ha hecho hincapié en la "dificultad técnica" que ha supuesto perfilarla dada la cantidad de actores implicados y para que cualquier persona pueda ir a cualquier comercio de alimentación a gastarla.