La Unión Europea ha aprobado este lunes las nuevas reglas sobre el control de las inversiones extranjeras directas, que amplían los sectores que se deberán supervisar, y obliga a vigilar las transacciones que lleven a cabo empresas europeas controladas, en última instancia, por individuos o compañías extracomunitarias.

Los Veintisiete han dado este lunes luz verde a la reforma, con la intención de reforzar el control sobre las inversiones extranjeras, incluida una vigilancia más estrecha de la entrada de terceros países como China o Rusia en sectores clave ante el riesgo de que puedan desestabilizar la seguridad económica del bloque.

Las autoridades nacionales deberán controlar las inversiones en defensa, en concreto en equipamiento de doble uso civil y militar, y otros sectores como la inteligencia artificial, la tecnología cuántica, los semiconductores, la energía y el transporte; las materias primas esenciales; la infraestructura necesaria para los procesos electorales y entidades financieras importantes para el sistema, como depositarios de valores u operadores de sistemas de pago.

"La UE refuerza su capacidad para proteger la seguridad y el orden público, sin dejar de estar abierta a la inversión extranjera", ha destacado, en un comunicado el ministro de Energía, Comercio e Industria de Chipre, Michael Damianos, cuyo país ejerce este semestre la presidencia de turno del Consejo de la UE.

Damianos ha destacado que "en un contexto de creciente competencia geopolítica, proteger los activos estratégicos y los intereses de seguridad económica de la UE es más importante que nunca".

Las nuevas normas de la UE sustituyen al marco de control de la inversión extranjera directa vigente desde 2020 y tienen como objetivo garantizar un enfoque más coordinado y eficaz en toda la UE para salvaguardar la seguridad y el orden público.

La decisión de controlar o no las inversiones recaerá únicamente en cada Estado miembro en el que se lleven a cabo, aunque la Comisión Europea podrá emitir una opinión no vinculante en determinados casos.

En aquellos en los que haya divergencia de opiniones, las autoridades nacionales deberán justificar por qué no han seguido el criterio del Ejecutivo comunitario, en aras de la transparencia. Las nuevas normas entrarán en vigor a finales del año que viene, 18 meses después de su publicación en el Diario Oficial de la UE (DOUE).