Bruselas ha desvelado su hoja de ruta para transformar la cesta energética de la Unión Europea, con un hito que sitúa la participación de la electricidad en el consumo final en una horquilla de entre el 45% y el 50% de aquí a catorce años. Actualmente, este dato se ha estabilizado en el 23%, una cifra que las instituciones europeas consideran insuficiente para avanzar en la descarbonización y reducir la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles. El plan presentado no se limita a fijar objetivos numéricos, sino que despliega un abanico de actuaciones que afectan a la fiscalidad, las redes de distribución, el almacenamiento y la implantación de tecnologías de consumo eléctrico.
La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha defendido la necesidad de corregir el desequilibrio actual en la formación de los precios, para que el coste final refleje las diferencias entre las fuentes renovables y los combustibles de origen fósil. Ribera ha advertido que cada año que se retrasa la transición comporta un incremento del gasto energético, una vulnerabilidad más elevada ante crisis geopolíticas y la pérdida de oportunidades de posicionamiento para la industria europea en los mercados de tecnologías limpias. Sus declaraciones han enfatizado la conexión entre los objetivos climáticos y la competitividad económica, sin entrar en cifras concretas sobre el impacto presupuestario de las medidas propuestas.
Entre los objetivos intermedios que establece el documento, la Comisión propone que al menos la mitad de los consumidores europeos dispongan de sistemas de medición inteligente del consumo eléctrico antes del final de esta década. Paralelamente, se fija como objetivo que la capacidad de almacenamiento de energía en la Unión alcance los 200 gigavatios en el año 2030, una cifra que debe permitir gestionar las fluctuaciones de la generación renovable y reducir la necesidad de importaciones en los momentos de máxima demanda. Estos datos se han presentado como referencias técnicas, sin que el texto especifique el grado de cumplimiento actual ni las inversiones requeridas para alcanzarlas.
El coste de la dependencia exterior
El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, ha ilustrado el impacto de la dependencia energética con un dato: desde el episodio del cierre del estrecho de Ormuz, la Unión Europea ha desembolsado más de 50.000 millones de euros adicionales en facturas energéticas sin recibir un incremento del volumen de suministro. Esta cifra, según ha explicado el comisario, evidencia el sobrecoste que asume el conjunto de la economía comunitaria para mantener su exposición a los mercados internacionales de hidrocarburos. Jorgensen ha contrapuesto las importaciones de combustibles fósiles, que ha calificado de costosas y contaminantes, con la generación eléctrica de origen renovable producida en el territorio europeo.
Uno de los ejes de la propuesta consiste en modificar la fiscalidad aplicada a las diferentes fuentes energéticas, de manera que la electricidad soporte un gravamen inferior al del gas natural. Bruselas considera que la diferencia de tratamiento fiscal debe servir para corregir la distorsión actual, que favorece el consumo de combustibles fósiles en detrimento de las soluciones eléctricas. La Comisión Europea ha avanzado que antes de finalizar el año presentará nuevas iniciativas para eliminar progresivamente las subvenciones a los combustibles fósiles, cuyo volumen cifra en unos 100.000 millones de euros anuales a escala comunitaria.
El plan prevé también una reforma de las tarifas de transporte y distribución de electricidad, con el objetivo de incentivar el consumo en las horas de menor presión sobre la red y desincentivar las puntas de demanda que obligan a recurrir a generación de emergencia. Esta medida, según ha explicado el ejecutivo comunitario, debe permitir aprovechar al máximo las infraestructuras existentes y evitar inversiones en nuevas líneas de transporte que puedan resultar innecesarias. La flexibilización de la demanda se presenta como una herramienta para reducir los costes del sistema y aligerar la factura de las industrias con un consumo eléctrico intensivo.
La sustitución tecnológica en el sector industrial
En el ámbito fabril, la Comisión sostiene que el 60% de la demanda energética actualmente cubierta con combustibles fósiles podría ser satisfecha mediante soluciones eléctricas como hornos y calderas alimentadas por electricidad. Para acelerar esta sustitución, el ejecutivo elaborará hojas de ruta sectoriales para las industrias con mayor potencial de electrificación y facilitará el acceso de las empresas a diversas fuentes de energía baja en carbono. El documento prevé la utilización de una parte de los ingresos generados por el sistema de comercio de emisiones de la UE para cofinanciar estas inversiones, sin concretar ni los porcentajes ni las condiciones de acceso. Para el parque edificado, la propuesta comunitaria incluye medidas para incrementar de manera sustancial la instalación de bombas de calor durante los próximos años, con el objetivo de que esta tecnología sustituya progresivamente las calderas de gas en viviendas, oficinas y edificios públicos.
El comisario Jorgensen ha cifrado en un 60% el ahorro potencial en la factura de calefacción para los hogares que adopten este sistema, que además ofrece la posibilidad de refrigeración durante los meses de temperaturas más elevadas. Para facilitar la implantación, la Comisión propone reducir el riesgo financiero de estas inversiones y ofrecer a los consumidores presupuestos e información comparables para las diferentes tecnologías disponibles. En el capítulo de la movilidad, el plan prevé nuevas medidas de apoyo a los vehículos eléctricos y propone extender los programas de arrendamiento social que ya funcionan en algunos estados miembros, dirigidos a facilitar el acceso de los hogares con menores ingresos a automóviles y otras soluciones de transporte alimentadas por electricidad.