El Ministerio de Trabajo ha lanzado la segunda convocatoria del Plan Integral de Impulso de la Economía Social, que adjudicará 80 millones de euros para impulsar proyectos innovadores que contribuyan a generar un tejido económico inclusivo y sostenible, pero también a iniciativas que lo consolide y lo amplíe, según ha señalado este miércoles la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que ha propuesto Valencia como nueva capital de la Economía Social para 2024, asumiendo el testigo de San Sebastián, que ejerció esa capitalidad durante 2023. La elección de la ciudad mediterránea, que había presentado su candidatura para la capitalidad, se debe a la “relevancia que la economía social valenciana tiene como modelo económico sostenible y solidario, generador de empleo y de oportunidades laborales para las personas en situación de vulnerabilidad social”, ha explicado la vicepresidenta.

Los 80 millones son parte del Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) de la Economía Social y los Cuidados, dotado con 1.700 millones de euros en proyectos transversales en los que participarán 13 ministerios y el único de estas características en la Unión Europea. De los fondos, Trabajo gestionará 90 millones, los 80 millones de la segunda convocatoria que se ejecutarán a lo largo del presente año y el siguiente y de los 10,4 millones de la primera convocatoria invertidos el pasado 2023 en 44 proyectos.

Hasta el 12 de febrero

Fuentes de Trabajo explican a ON ECONOMIA que los proyectos interesados en acudir a esta segunda convocatoria deberán presentarse antes del 12 de febrero de este año, aunque las ayudas estarán disponibles para dos años. Además, los proyectos deben tener un ámbito territorial mínimo de dos comunidades autónomas, para lo cual se puede presentar una sola entidad de economía social cuyo proyecto no se limite a una sola comunidad autónoma o aliarse entre varias que cubran al menos dos territorios. Una exigencia que se deriva del modelo de los PERTES aprobado por el Gobierno español que establece una dimensión nacional de los proyectos. Estas mismas fuentes señalan que la mayor dotación de esta segunda convocatoria se debe a la fuerte demanda de proyectos de la anterior que se quedaron fuera. “Fomentar la Economía Social es apostar por entidades y proyectos que tienen un valor añadido. Es un modelo distinto de hacer economía, que ya es una realidad en nuestro país, con un modelo en auge, que opera en una amplia variedad de sectores”, ha asegurado Díaz.

Las ayudas están destinadas a poner en marcha proyectos de entidades de la Economía Social, como lo son cooperativas, mutualidades, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores, o sociedades agrarias de transformación. A fin de cubrir sus diferentes necesidades, las subvenciones, que constan de un importe mínimo de 10.000 euros y un máximo de 3,5 millones de euros por proyecto, se han dividido en cinco programas a desarrollar en al menos dos comunidades autónomas:

#Transforma_ES se pueden acoger empresas que necesiten relevo generacional o ayuda en la gestión de empresas.

#Iniciativa_ES promueve el emprendimiento juvenil o la consolidación de proyectos innovadores desde la Economía Social.

#Impulsa_TEC apoya la modernización tecnológica de las empresas de la Economía Social.

#Alianzas_ES estimula proyectos en red que ofrezcan nuevos servicios integrales.

#Sostenibles_ES apoya la mejora de las condiciones medioambientales, sociales y de género.

En 2023 se concedió esta subvención a 44 proyectos de entidades de la Economía Social por valor de 10,2 millones de euros. Entre otros proyectos, las ayudas han permitido el desarrollo una plataforma para buscar oportunidades de empleo en empresas y entidades de la Economía social. Asimismo, han permitido que grupos cooperativos de Madrid, Catalunya, Aragón y Euskadi unan fuerzas para promover el cooperativismo de vivienda en cesión de uso y en el ámbito de las energías renovables, según explican fuentes del Ministerio. En otros casos, empresas de inserción han emprendido proyectos para promover la economía circular con la reutilización de textiles.

“Necesitamos fomentar y ampliar ese ecosistema de entidades porque, además, promueven el trabajo decente, combaten la despoblación rural, ayudan a personas en riesgo o en situación de vulnerabilidad. Sus beneficios van más allá de los datos de la contabilidad”, ha asegurado Díaz durante la jornada de Economía Social celebrada este miércoles en el Ministerio de Trabajo.

En esta segunda convocatoria, el plazo de ejecución de los proyectos va hasta el 30 de junio de 2025. Las fuentes ministeriales señalan que los 80 millones en ayudas constituyen una muestra del compromiso del ministerio con un modelo productivo que proporciona alrededor de dos millones de puestos de trabajo en todo el territorio nacional y aporta el 10% del PIB en España. La vicepresidenta también ha anunciado que se prevé aprobar en breve la nueva Ley Integral de la Economía Social, la que se ha referido como un instrumento de modernización de la Economía Social, ya que actualiza tres leyes: la de cooperativas, la de las empresas de inserción y la de la Economía Social.