El Tribunal Constitucional ha avalado este martes el impuesto a las grandes fortunas al rechazar por siete votos a cuatro el recurso presentado a principios de año por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a raíz de la aprobación de este tributo por el Ejecutivo Central.
La ponencia sostiene que la creación de dicho impuesto no supone una invasión por parte del Estado de las competencias autonómicas en materia fiscal. De hecho, subraya que las facultades autonómicas no pueden interpretarse hasta el punto de neutralizar las estatales.
La Comunidad de Madrid defendía en su impugnación que el tributo podría vulnerar "los principios de seguridad jurídica, capacidad económica y no confiscatoriedad y la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas". El Constitucional ha desestimado los argumentos de Madrid al considerar que no hubo fraude en la tramitación parlamentaria ni ninguna de las vulneraciones alegadas. Asimismo, también lo impugnaron los gobiernos de Andalucía, Galicia y Murcia, a la vez que reclamaron que se suspendiera cautelarmente su aplicación, algo que el Constitucional denegó.
"Política fiscal justa"
El Gobierno en funciones, por su parte, ha puesto en valor su “política fiscal justa” después de que el TC haya avalado el impuesto a las grandes fortunas. “Es una decisión importante que adopto el Gobierno. En favor a lo que creemos es una fiscalidad que ha de ser justa”, ha destacado la portavoz del Ejecutivo en funciones y ministra de política territorial, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La voluntad del Gobierno con esta medida, en palabras de Rodríguez, es “poder tener un país más cohesionado socialmente”, lo que precisa de una política fiscal justa. “Es en lo que hemos trabajado durante estos años y desearíamos seguir trabajando en los próximos años”, ha asegurado.
En el marco de su acuerdo programático para formar un nuevo Gobierno de coalición progresista, PSOE y Sumar se han comprometido a evaluar los resultados del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas con el objetivo de "avanzar hacia una nueva tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios". Lo que sí se fija en el acuerdo es la revisión de los gravámenes a banca y energéticas, con la finalidad de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual (2024).
Aprobación del impuesto
La decisión adoptada este miércoles por el Tribunal Constitucional tiene lugar 10 meses después de que el Senado aprobase el impuesto. La medida fue incluida vía enmienda en el Congreso por PSOE y Unidas Podemos en la proposición de ley para introducir nuevos gravámenes temporales a empresas energéticas y banca. El impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas afecta a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros, se devenga el 31 de diciembre de cada año y la presentación de la declaración se produce entre el 1 y el 31 de julio.