La polémica decisión de encarecer la estancia turística en Catalunya ha provocado una reacción contundente y unificada del sector empresarial dedicado al alojamiento turístico. Seis entidades representativas han elevado su voz en un comunicado conjunto para manifestar un rechazo categórico al acuerdo alcanzado entre PSC, ERC y los Comuns para incrementar la denominada tasa turística.

La medida, visibilizada este martes y cuya aprobación se prevé para el próximo mes de febrero para entrar en vigor ya en abril, se ha topado con una pared de desacuerdo que va más allá de una simple queja sectorial. El núcleo de la crítica radica en la falta de consulta previa y en lo que las organizaciones definen como una falta de visión estratégica. Los firmantes, que aglutinan desde grandes confederaciones hasta gremios especializados, no se limitan a expresar su oposición.

Han articulado una exigencia formal y estructurada que pone el foco en la necesidad imperiosa de un proceso de debate sustancial. En este sentido, reclaman con énfasis que cualquier modificación de esta naturaleza debe ir precedida, de manera ineludible, por un estudio económico independiente y de carácter anual. Dicho informe, sostienen, es la única herramienta que puede evaluar con rigor el impacto real de la medida sobre la competitividad del territorio y sobre la compleja red empresarial que depende del flujo de visitantes.

La demanda de transparencia emerge como un segundo pilar fundamental de su reivindicación. El sector cuestiona abiertamente el destino de los ingresos recaudados mediante este impuesto y exige mecanismos de control claros y rendición de cuentas por parte de las administraciones públicas. Desde su perspectiva, sin una trazabilidad absoluta sobre dónde y en qué se invierten estos fondos, la tasa se convierte en una carga burocrática más que en una herramienta efectiva para la mejora del modelo turístico.

La proyección de las posibles consecuencias negativas constituye otra pieza clave de su argumentario. Las entidades alertan de que el incremento de la carga fiscal sobre el turista puede tener un efecto disuasorio inmediato, especialmente en aquellos mercados más sensibles a los cambios de precio. El turismo de proximidad y el turismo interior, fuentes vitales de actividad para muchas comarcas catalanas, se verían particularmente perjudicados. Este hecho, señalan, podría derivar en una peligrosa contracción económica en zonas cuya supervivencia depende en gran medida de la llegada estacional de visitantes, con el impacto laboral que ello conlleva.

El mensaje final es una llamada directa a la Generalitat. El sector empresarial insta al ejecutivo a "reconsiderar la propuesta, abrir un espacio de diálogo real con los agentes implicados y apostar por una política turística equilibrada, justa y adaptada a la diversidad y realidad de Catalunya". Se percibe, entre líneas, una cierta frustración por la percepción de un proceso impuesto desde arriba. 

Las entidades firmantes del comunicado son la Confederació Empresarial d'Hostaleria i Restauració de Catalunya, la Federació Catalana d'Apartaments Turístics, Foment del Treball, el Gremi d'Hotels de Barcelona, Pimec, l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona y la Federació Catalana de Càmpings. Su unión en esta causa refleja una preocupación transversal y un deseo común de participar en la configuración de un futuro turístico sostenible, pero construido desde el consenso y el análisis, y no desde la imposición unilateral.