El sector público de Catalunya ha consolidado su apuesta por la integración de las tecnologías de inteligencia artificial en la gestión diaria y en los servicios destinados a la ciudadanía. Desde el año 2023 y hasta la actualidad, el conjunto de organismos, entidades y empresas que integran el ecosistema público catalán ha llevado a cabo un gasto acumulado de unos 340.000 euros dedicado a la adquisición de licencias de uso de ChatGPT y a la contratación de programas de formación especializada.
Esta cifra queda recogida en los registros de contratación pública de la Generalitat, reflejando un proceso de adaptación tecnológica que comprende desde el Govern hasta el tejido municipal. Las inversiones realizadas no se han limitado a un solo departamento ni a una única institución, sino que responden a un movimiento transversal.
La partida presupuestaria incluye los gastos realizados por la propia Generalitat, pero también las operaciones firmadas por un amplio abanico de organismos autónomos, entidades supramunicipales, ayuntamientos y empresas públicas.
Del uso interno hasta el asesoramiento empresarial
Más allá del apoyo técnico y de la capacitación del personal propio de las diferentes estructuras administrativas, el destino de los fondos públicos refleja una voluntad de impactar directamente en la actividad económica y social del territorio. En este sentido, una parte relevante de las formaciones financiadas se ha orientado de manera externa hacia el tejido empresarial y comercial.
El objetivo principal de estas iniciativas ha sido ofrecer herramientas a pymes, comerciantes y autónomos para mejorar su competitividad digital y facilitar la adopción de nuevas dinámicas de trabajo basadas en la eficiencia tecnológica.
Al mismo tiempo, el análisis de los expedientes de contratación revela acciones adaptadas a ámbitos muy específicos de la atención social y la gestión de recursos humanos. En un grado de aplicación más concreto, se han promovido talleres y metodologías diseñadas para ayudar a los usuarios en la mejora y optimización de currículums vitales con el objetivo de incrementar las opciones de acceso al mercado laboral.
Dentro de los programas impulsados desde el sector público, se han registrado pruebas para estudiar o integrar la inteligencia artificial en ámbitos tan diversos como la educación, la medicina, la planificación del transporte, la gestión de proyectos culturales y el desarrollo urbano, demostrando la voluntad de evaluar las aplicaciones prácticas de estas plataformas en el entorno comunitario.
La apuesta estratégica de la Generalitat
Este despliegue de herramientas tecnológicas se inscribe dentro de un plan de acciones más amplio destinado a la transformación digital del conjunto de la administración catalana. En este contexto de cambio, la Generalitat mantiene actualmente en funcionamiento un total de 38 sistemas basados en inteligencia artificial activados desde el año 2025. Este conjunto de herramientas algorítmicas tiene como prioridad la simplificación de los trámites burocráticos y la reducción de los tiempos de espera en la gestión administrativa.
Mediante la automatización de tareas repetitivas y la mejora de los canales de atención, la administración busca ofrecer un servicio más ágil y accesible tanto para los ciudadanos como para las entidades privadas que necesitan interactuar diariamente con las instituciones públicas.
La apuesta de la Generalitat por esta tecnología coincide en el tiempo con un debate intenso a escala internacional sobre la seguridad y el control de los grandes entornos digitales. A finales del pasado mes de julio, la Comisión Europea confirmó el inicio de un análisis detallado de los datos de usuarios de ChatGPT con la intención de determinar qué grado de supervisión regulatoria se debe aplicar sobre su funcionamiento dentro de los países miembros.
El papel de la Ley de Servicios Digitales de la UE
La Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea establece requisitos muy concretos para las plataformas que consiguen un volumen de actividad masivo. Concretamente, la normativa determina que cualquier servicio digital que supere el umbral de los 45 millones de miembros activos mensuales debe pasar a estar catalogado como Plataforma en Línea Muy Grande (VLOP, por sus siglas en inglés). Esta calificación jurídica implica la obligación de asumir controles adicionales, auditorías externas de seguridad, niveles más altos de transparencia en los algoritmos y mecanismos de evaluación de riesgos para los usuarios.
En la actualidad, el alcance real de la plataforma creada por OpenAI supera con un margen muy amplio las cifras establecidas por el legislador europeo. Según los últimos datos utilizados por las autoridades comunitarias, ChatGPT ya tiene más de 159 millones de usuarios activos mensuales en la Unión Europea, una cifra que la coloca de lleno en el foco de atención de los órganos de control de Bruselas y reafirma la importancia de regular el impacto de estas herramientas a medida que se instalan en el tejido institucional.