La ralentización de la economía en la última parte del pasado año se ha dejado sentir en el empleo que crece con menor vigor que en 2021, especialmente en la empresa privada frente a la Administración pública que mantiene ritmos elevados de contratación. De los 279.000 puestos de trabajo que se crearon el pasado año, 228.300 partieron del sector privado y los otros 50.700 del público lo que supone el 18,2% del total, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Un porcentaje de los más altos de la última década, aunque en términos absolutos se coloca entre los años con menor empleo público generado.
Remontándose a 2012, solo en 2018 el porcentaje del empleo público superó el peso del pasado año con un 24,1% del total (uno de cada cuatro) y 136.300 empleos nuevos, el mayor aumento del decenio, aunque en 2017 se quedó a las puertas, pues el 18,1% -una décima por debajo de 2022- del empleo nuevo fue de carácter público. Aunque en ese año el volumen de puestos creados también fue superior al pasado ejercicio, pues de los 490.000 nuevos, 88.600 fueron contratos de las tres Administraciones públicas (estatal, autonómica y local).
Sin embargo, el último decenio ha sido convulso en términos económicos por acontecimientos como la pandemia en 2020 o la crisis financiera en 2012 y 2013 que distorsionan la comparación. Especialmente atípico fue el año del confinamiento, pues mientras el sector privado destruía 750.000 empleos el público generó 125.800, reduciendo la caída del empleo a 622.600 personas. La respuesta pública en sectores como el sanitario o la gestión de las prestaciones de los Ertes por parte de los servicios públicos de empleo y de la Seguridad Social explican el fuerte aumento de la contratación para cubrir servicios públicos.
Algo que no sucedió durante la crisis financiera, pues tanto en 2012 como en 2013 se destruyó empleo público. De hecho, del total del empleo destruido en 2012, el 26,3% fue público y en 2013 llegó al 55%. Caso aparte fue lo sucedido en 2016 cuando se destruyeron 14.600 puestos públicos por las medidas de no reposición impuestas por el Gobierno de Mariano Rajoy, a pesar de que el sector privado generó cerca de 430.000 empleos.
Temporalidad disparada
Pero la fuerte contratación pública que se registró en 2020 y se repitió al año siguiente con una generación de 96.400 puestos de trabajo, ha disparado la temporalidad en las Administraciones públicas, obligadas a dar respuesta inmediata a un mayor volumen de servicios. La complejidad y lentitud de las ofertas públicas de empleo, única vía para la contratación indefinida, explica que buena parte de los nuevos contratados de estos tres últimos años se haya cubierto con eventuales. Así, desde el segundo trimestre del pasado año se ha venido produciendo un incremento de la temporalidad que ha sumado 4,1 puntos porcentuales hasta el primer trimestre del pasado año cuando llegó a tocar el 32,5% del total de los empleados públicos. Un porcentaje que se ha ido reduciendo a lo largo del pasado año, con un descenso al 30,2% de más de dos puntos porcentuales.
Un contraste con la fuerte reducción de la temporalidad en el sector privado impulsado por una reforma laboral que exige como contrato principal el indefinido e impone duras condiciones a los temporales. En sólo un año, la temporalidad del sector privado se ha reducido 7,3 puntos porcentuales hasta colocarse en el 14,8%. La mitad que en el sector público a finales del pasado año.
No obstante, la temporalidad registró una brusco descenso de 4,5 puntos porcentuales con el covid, pues la mayor parte de la corrección del empleo privado sufrido en 2020 (750.000 empleos) se concentró en trabajadores con contratos temporales, hasta rebajar del 25,7% de temporalidad en el último trimestre de 2019 al 21,2% en el segundo del 2020. Desde entonces, el peso del empleo temporal ha ido subiendo aunque sin alcanzar el volumen anterior a la pandemia.
Feminizado y envejecido
El empleo público tiene un fuerte componentes de género, pues 57,6% de los puestos los ocupan mujeres según los datos que maneja la EPA, aunque la tendencia ha cambiado el pasado año, pues el número de mujeres con empleo público se ha reducido en 16.800, mientras que los hombres han aumentado en 67.400. Otra gran característica es el envejecimiento de la plantilla, ya que un 30% supera los 55 años, algo más de un millón de personas, de las que 54.000 están entre 65 y 69 y 1.700 superan los 70. En el otro extremo, los menores de 34 años ocupan 574.700 puestos públicos, el 16% del total, de los que 4.600 tienen entre 16 y 19 años.
Por tipo de contrato, 2,46 millones son indefinidos, la gran mayoría con una larga permanencia en el puesto, de los que 19.500 son fijos discontinuos, por debajo de los 23.700 de un año atrás. De los temporales casi la mitad son con un contrato de sustitución, 127.000 con uno eventual por circunstancias de la producción y 134.200 con obra y servicio.