El Govern de la Generalitat y el sector del aceite de oliva catalán pedirán al Ministerio de Agricultura que sus almazaras queden temporalmente exentas de la obligación de mantener en stock el 12% de la producción acumulada. La petición se formalizará mediante una carta conjunta que se hará llegar al Ministerio y que planteará suspender la aplicación de la medida en Catalunya hasta el 31 de diciembre de 2026, cuando está prevista su revisión.
La iniciativa se ha acordado en el marco de una reunión de la Mesa del Aceite, convocada por el Departamento de Agricultura para analizar las consecuencias de la normativa estatal. La disposición del Ministerio establece que cada almazara debe mantener unas existencias finales mínimas equivalentes al 12% del aceite producido de forma acumulada desde el 1 de noviembre. Desde el ministerio de Luis Planas se argumenta que, con esta medida, intentan evitar una caída de los precios y estabilizar el mercado. Indican que el nivel de existencias supera el 120% de la media de las seis campañas anteriores. Así, el mecanismo de retención pretende regular la oferta disponible y evitar que el exceso de producto presione las cotizaciones.
Sin embargo, la Generalitat considera que las circunstancias del mercado catalán son diferentes de las del conjunto estatal. En concreto, el Departamento de Agricultura considera que en Catalunya no existe una previsión de sobreproducción que justifique aplicar la obligación en las mismas condiciones que en el conjunto del mercado estatal. Advierte que una aplicación uniforme podría generar “efectos desproporcionados” sobre las almazaras catalanas, especialmente en lo que se refiere a la capacidad de almacenamiento, los costes de gestión y el cumplimiento de los compromisos comerciales, sin contribuir necesariamente de forma significativa a la estabilización del mercado.
Protestas en el territorio
La petición catalana coincide con el rechazo expresado por las empresas y organizaciones del sector del aceite de oliva. Por ejemplo, la Denominación de Origen Protegida Siurana,ya ha hecho pública su oposición a generalizar la retención obligatoria del 12%. La entidad defiende que la regulación debe tener en cuenta las diferentes realidades productivas y comerciales de las zonas olivareras para evitar que los territorios sin excedentes sufran las consecuencias de una medida pensada para corregir desequilibrios en el mercado.
La normativa estatal prevé que el porcentaje de existencias mínimas se pueda revisar a la baja durante la campaña. A partir del 31 de diciembre de 2026, el Ministerio podrá modificarlo mediante una nueva resolución, en función de la evolución del mercado y de las estimaciones de producción. Mientras tanto, la Generalitat quiere que las almazaras catalanas queden al margen de la obligación y reclama que las futuras decisiones sobre regulación de la oferta incorporen las particularidades productivas de cada territorio.