La Denominación de Origen Protegida Siurana ha manifestado su oposición a la retirada obligatoria del 12% de la producción de aceite de oliva de esta campaña 2026-2027, una medida que ha decretado el Ministerio de Agricultura con el objetivo de evitar una caída de los precios. La DOP considera que no se puede generalizar esta medida sin tener en cuenta las diferentes realidades productivas de los territorios donde se cultiva el olivo, y defiende que la aplicación de un criterio uniforme puede acabar perjudicando zonas que no se encuentran en la situación que ha motivado la decisión del ministerio.
En el caso concreto de la zona que ampara la denominación, que abarca siete comarcas en producción del Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre, no habría "una situación de sobreproducción". De hecho, las previsiones apuntan a que la cosecha de este año será inferior a la del año pasado. Esta circunstancia contrasta con el motivo que ha llevado al Ministerio a tomar la decisión, ya que la retirada se ha justificado por el hecho de que las existencias iniciales se sitúan por encima del 120% del nivel medio de las seis campañas anteriores. A partir de esta diferencia, la DOP sostiene que la retirada obligatoria del 12% puede perjudicar a los productores de un territorio que no presenta los excedentes que han motivado la medida. La contradicción entre la situación general que describe el ministerio y la realidad concreta de estas comarcas es el punto de partida de su reclamación.
La defensa de las particularidades de cada zona
Desde la DOP Siurana entienden que se apliquen mecanismos para la estabilidad del mercado, pero defienden que cualquier medida debe tener en cuenta las particularidades de cada zona productora y la realidad de sus cosechas. Esta posición implica que la DOP no rechaza de manera absoluta la intervención en el mercado, sino que cuestiona que se aplique un criterio uniforme a territorios con situaciones diferentes. La petición de adaptar las medidas a cada realidad productiva es el hilo conductor de su argumentario, y se sustenta en la idea de que una medida pensada para corregir un exceso de oferta puede tener efectos contrarios en zonas donde la cosecha es más corta.
El Consejo Regulador ha solicitado una reunión urgente con el Departament d'Agricultura de la Generalitat para analizar el impacto de la medida y definir las acciones que hay que emprender. Esta petición indica que la DOP quiere trasladar su posición a los responsables de la política agraria catalana y buscar vías de coordinación para evitar que la retirada obligatoria acabe teniendo efectos no deseados en una zona que, según sus datos, no parte de una situación de exceso de producción. La reunión debe servir, por tanto, para exponer la situación específica del territorio y para valorar si hay margen para adaptar la medida a las circunstancias de estas comarcas, así como para concretar qué acciones se pueden emprender para defender los intereses de los productores afectados.
La discrepancia entre la DOP Siurana y el Ministerio de Agricultura pone sobre la mesa una cuestión más amplia sobre cómo se aplican las medidas de regulación del mercado en un sector con realidades productivas muy diversas. La decisión del ministerio se basa en un dato global, como es el nivel de existencias iniciales superior al 120% de la media de las seis campañas anteriores, y se aplica de manera general a todo el territorio. La DOP, en cambio, reclama que se tengan en cuenta los datos específicos de cada zona y que no se impongan las mismas condiciones a territorios que no comparten la situación de exceso de producción.
Este planteamiento no cuestiona la necesidad de estabilizar el mercado, sino la manera como se concreta esta estabilización en un territorio determinado. Mientras no se resuelva la reunión solicitada con el Departament d'Agricultura, la DOP mantiene su posición contraria a la retirada obligatoria del 12% en su zona, y los productores afectados afrontan la campaña con la incertidumbre sobre cómo se concretará finalmente la aplicación de la medida.