El Ministerio de Agricultura ha decidido activar una retirada del 12% de la producción de aceite de oliva, con el fin de evitar una caída de los precios en el sector. La orden correspondiente se publica este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y la medida se justifica por el hecho de que este año el nivel de existencias iniciales se sitúa por encima del 120% del nivel medio de las seis campañas anteriores. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha defendido este mecanismo argumentando que pretende mejorar y estabilizar el sector.
Según explica el ministerio, las condiciones climáticas de la pasada primavera en las principales zonas con olivos, con temperaturas suaves y precipitaciones abundantes, han hecho que la campaña 2026-2027 sea la cuarta con mayor volumen del registro histórico. Este contexto climático ha favorecido una producción elevada que, combinada con las existencias disponibles, configura un escenario con una oferta superior a la habitual. Agricultura detalla que, para esta campaña, las existencias iniciales alcanzan las 357.040 toneladas, una cifra que representa un 23,3% más que el año anterior. Este aumento de las existencias es, precisamente, el factor que el ministerio utiliza para justificar la necesidad de activar la retirada de una parte de la producción, dado que un volumen tan elevado de producto disponible puede generar presión a la baja sobre los precios durante la campaña.
Una medida reclamada por parte del sector
La retirada de parte de la producción era una medida que reclamaban diversas organizaciones agrarias, las cuales veían en este mecanismo una manera de contener la presión a la baja sobre los precios en un contexto de oferta abundante. La petición del sector agrario se ha traducido finalmente en la orden publicada en el BOE, que establece el porcentaje de retirada y las condiciones en que se debe aplicar durante la campaña. El hecho de que la medida haya sido demandada por parte del sector indica que hay una coincidencia entre las organizaciones agrarias y el ministerio en cuanto a la conveniencia de intervenir para evitar que el exceso de oferta se traduzca en una caída de los ingresos de los productores.
La medida, sin embargo, no ha contado con el apoyo unánime de todos los actores implicados. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido que se trata de una medida que plantea riesgos para la competencia y para los consumidores. En un comunicado, el organismo ha indicado que la nueva norma puede encarecer los precios y reducir la variedad y la calidad del producto. Esta advertencia introduce un elemento de debate sobre los efectos de la retirada, ya que, si bien el ministerio la plantea como un instrumento para estabilizar el sector, la CNMC ve posibles consecuencias negativas para el mercado y para los compradores. La posición del organismo de competencia se suma así al conjunto de valoraciones que acompañan la publicación de la orden y pone de manifiesto que la medida no es neutral desde el punto de vista del funcionamiento del mercado.
El choque entre la posición del ministerio y la de la CNMC refleja la complejidad de una medida que afecta a un producto básico de la dieta y que tiene un peso económico relevante en muchas zonas rurales. Por un lado, la retirada busca evitar que el exceso de oferta desplome los precios y perjudique a los productores; por el otro, el organismo de competencia alerta de que limitar la oferta puede tener efectos sobre el coste final del producto y sobre las opciones disponibles para los consumidores. Con la orden ya publicada en el BOE, la campaña 2026-2027 arranca con este mecanismo activado y con un debate abierto sobre sus efectos reales sobre el mercado del aceite de oliva, un debate en el que intervienen consideraciones de política agraria, de defensa de la competencia y de interés de los consumidores.