La imagen que podría parecer, a primera vista, un éxito de la política social —la reducción de la desigualdad salarial— se revela, en un análisis más cuidadoso, como la expresión estadística de un empobrecimiento colectivo. La brecha que separaba el salario mínimo interprofesional (SMI) del sueldo más habitual en España, conocido como salario modal, se ha desvanecido casi por completo en un lustro.
Si en 2018 la distancia era abismal, del 40%, hoy se reduce a un mero 3%, según destaca el informe 'Igualitarismo salarial y empobrecimiento económico' del Instituto Juan de Mariana (IJM). Esta convergencia, sin embargo, no es el fruto de una subida generalizada del bienestar, sino la consecuencia de una dinámica perversa: el SMI ha subido por decreto, mientras el corazón de la clase trabajadora ha visto cómo su sueldo se fundía por la inflación y el estancamiento económico.
Lo que los datos muestran es una auténtica encrucijada de tendencias. Por un lado, el SMI ha experimentado una ascensión notable impulsada por las sucesivas decisiones del gobierno español. En términos reales, ajustados por el impacto de la inflación, el salario mínimo pasó de situarse alrededor de los 10.000 euros anuales en 2018 a acercarse a los 13.370 euros en 2023. Esto representa un incremento acumulado del 26%, uno de los más intensos en un período tan corto de la historia reciente.
Por otro lado, el salario modal, aquel que recibe el mayor número de trabajadores y que actúa como termómetro de la salud de las clases medias y trabajadoras, ha seguido el camino opuesto. Desde 2018, este sueldo más común ha caído en picado, pasando de representar unos 18.000 euros (una vez descontada la inflación) a situarse en solo 13.800 euros en 2023. La traducción práctica de estas dos curvas es que el gap o diferencial, que superaba los 8.000 euros anuales en 2018 —una cifra que reflejaba un mundo de distancia entre el mínimo legal y el sueldo típico—, se ha reducido a poco más de 400 euros hoy.
En euros constantes, la brecha ha pasado de 6.800 euros a una práctica igualdad. "Lo que ha sucedido no es que España se haya vuelto un país más próspero que retribuye mejor a quien menos gana", señalan desde el IJM. "La realidad es que los salarios del tramo central de la distribución han perdido poder adquisitivo, a base de quedar esencialmente estancados en un contexto de baja productividad, inflación elevada y escaso dinamismo económico. Todo esto mientras el salario mínimo subía con fuerza a golpe de decreto".
Un mapa territorial de los salarios
El impacto de esta dinámica no es uniforme en todo el territorio. El informe del IJM radiografía cómo la proximidad entre el SMI y el salario medio es especialmente aguda en determinadas provincias y comunidades autónomas, trazando un mapa que coincide con las zonas de menor renta y con una mayor presencia de sectores económicos intensivos en mano de obra. Los datos son elocuentes: en 42 de las 50 provincias españolas, el SMI se sitúa por encima del 60% del sueldo medio. Más aún, en 34 de estas provincias, el salario mínimo supera el 75% de la media salarial. Las cinco provincias donde el SMI representa un porcentaje más alto respecto al salario medio son:
- Ávila (78,7%)
- Zamora (77,3%)
- Badajoz (75,8%)
- Murcia (75,7%)
- Alicante (74,2%)
La situación se vuelve aún más crítica si se analiza específicamente lo que pagan las pequeñas y medianas empresas (pymes), la espina dorsal del tejido productivo español. En este ámbito, la incidencia del SMI es abrumadora: en Ávila el salario mínimo representa el 90,8% del salario medio de las pymes, en Zamora el 89,1%, en Badajoz el 87,3%, en Murcia el 86,7% y en Alicante el 85,4%.
A escala autonómica, Extremadura es el caso más paradigmático, con el SMI suponiendo el 72,8% del sueldo medio de la región. Los umbrales también son muy elevados en Canarias (68,5%), Murcia (67,4%), Andalucía (66,5%) y Castilla y León (65,9%). Estas cifras ilustran cómo la política de incrementos del SMI actúa con mayor severidad sobre las economías regionales menos dinámicas y sobre las pymes, que disponen de menos margen para absorber el aumento de los costes laborales.
Más allá de la compresión salarial, el informe del Instituto Juan de Mariana cuantifica el impacto negativo de esta política en el mercado de trabajo. Según sus estimaciones, la subida del SMI aplicada en 2019 provocó por sí sola un impacto equivalente a la destrucción de hasta 174.000 puestos de trabajo a lo largo de aquel año.
No obstante, el efecto no se detuvo allí. El efecto acumulado de pérdida de empleo entre 2019 y 2023 se eleva ya a los 210.000 puestos de trabajo, y se calcula que esta cifra podría alcanzar el hito de los 270.000 a lo largo de 2024. Estas pérdidas se concentran en sectores intensivos en mano de obra y de bajo valor añadido, como la hostelería, el comercio, la limpieza o los servicios auxiliares, y afectan desproporcionadamente a los trabajadores más jóvenes y menos cualificados.
Además, el instituto acusa al gobierno español de practicar un "maquillaje estadístico" y una "contabilidad creativa" en las cifras de empleo. Denuncian que el Ejecutivo se atribuye una caída del paro de 600.000 personas, cuando la bajada real sería de solo 70.000. La diferencia, según el IJM, radica en la reclasificación de los fijos discontinuos no activos como ocupados, un cambio metodológico que supone casi el 90% de la mejora comunicada oficialmente.
La pérdida de incentivos y movilidad social
El análisis más cualitativo del informe advierte de que, cuando el salario mínimo se acerca al salario modal, se produce un cambio de paradigma profundo y preocupante. El SMI deja de actuar como una "palanca de mejora" para convertirse en un "techo empobrecedor". Este fenómeno tiene varias consecuencias nefastas:
- Desaparición de los incentivos: Cuando la diferencia entre cobrar el salario mínimo y el salario que se podría obtener con una promoción profesional o formación adicional se reduce a la mínima expresión, los trabajadores pierden el estímulo para mejorar, formarse o aspirar a ascensos laborales. La recompensa salarial por progresar se diluye.
- Debilitamiento de la movilidad social: La compresión salarial por la base dificulta que los trabajadores puedan subir escalones en la escala social a través de su esfuerzo y trayectoria profesional.
- Presión sobre sectores clave: Sectores ya de por sí frágiles y con bajos márgenes se ven presionados hasta el límite, fomentando la informalidad y la economía sumergida como mecanismo de supervivencia.
- Dificultad para la creación de trabajo estable: Se desincentiva la creación de nuevos puestos de trabajo, especialmente los destinados a colectivos con menos experiencia o cualificación.
"España necesita mejorar sus salarios, pero pretender conseguirlo a golpe de decreto es un profundo error", concluye el informe. "La alternativa posible pasa por un modelo que premie la productividad, facilitando un contexto de actividad y rentas crecientes. La única manera de mejorar los salarios de manera sólida y sin efectos secundarios destructivos es crear más riqueza, no repartirla de manera artificial antes de que exista". La conclusión es clara: el camino hacia una sociedad más igualitaria no puede estar pavimentado con el empobrecimiento de su masa asalariada. La verdadera equidad salarial debe ir acompañada de prosperidad compartida, no ser una sombra estadística.