El salario de los más de 3,5 millones de trabajadores públicos se revalorizará en un porcentaje fijo del 1,5% este 2026, un incremento salarial que tendrá efectos desde el 1 de enero de 2026. Al mismo, se podrá añadir un 0,5% adicional en caso de que la inflación a final de año iguale o supere la subida fija del 1,5%. En caso de ser así, ese 0,5% adicional se abonaría en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos.

La subida de 2026 está garantizada después de que en diciembre el pleno del Congreso convalidara el decreto ley por el que se revaloriza el salario de los funcionarios públicos para 2025 y 2026 con el único voto en contra de Vox, la abstención de Junts y el apoyo del resto de grupos parlamentarios.

La revalorización salarial se pactó entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos UGT y CSIF, aunque CCOO se sumó al acuerdo más tarde. Así, el Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, recoge una revalorización salarial para los funcionarios del 11% para el periodo 2025-2028. Del conjunto de estos años, la subida pactada del 2026 es el único incremento que contará con una parte fija y variable. Todos los demás serán exclusivamente fijos. De esta manera, la subida para 2027 será del 4,5% y para 2028 del 2%.

Aunque para el conjunto de 2025-2028 la subida pactada es del 11%, los sindicatos estiman que, por el efecto arrastre de los distintos incrementos salariales de cada año, el aumento salarial acumulado que experimentarán los empleados públicos en esos cuatro años podría llegar al 11,5%.

Las normas que regulan el incremento retributivo contenido en este Real Decreto-ley son aplicables a todas las Administraciones públicas, es decir tanto al sector público estatal, como también al del sector público autonómico y local. Fruto del mismo, en el sector público estatal el incremento correspondiente a 2025 se hará efectivo en este mes de diciembre, abonándose como atrasos los importes correspondientes desde enero de este año.

Las Administraciones públicas, por su parte, establecerán el calendario de abono de los importes y atrasos correspondientes al ejercicio 2025, en el marco correspondiente de la negociación sindical de cada ámbito de administración. Dicho abono podrá distribuirse durante los ejercicios 2026, 2027 y 2028 o hacerse efectivo en el mes de diciembre de 2025.

Seguimiento del acuerdo

Función Pública también ha constituido la comisión que velará por el cumplimiento de los puntos reflejados en el último Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía con UGT, CSIF y CCOO.

El acuerdo incluye, entre otras cosas, diversas mejoras en las condiciones laborales de los funcionarios, como la eliminación de la tasa de reposición, la agilización de los procesos selectivos y el refuerzo de las plantillas de atención al público, entre otros aspectos.

Asimismo, se ha pactado adaptar la clasificación de puestos de trabajo, adecuándola a las funciones reales, teniendo en cuenta la experiencia y los requisitos formativos habilitantes, e impulsar procesos exclusivos y diferenciados de promoción interna de cursos selectivos, potenciando los concursos de méritos mediante el establecimiento del concurso abierto y permanente.

El texto del acuerdo incluye además la revisión y elevación, a lo largo de 2026, de los complementos de residencia e insularidad y de las indemnizaciones por razón de servicio, eliminando las desigualdades entre empleados públicos; el refuerzo de las plantillas de atención al público; la actualizarán de permisos y mejoras en materia de conciliación; el refuerzo de la protección de la salud laboral, con medidas de apoyo psicológico y frente a agresiones; actualizaciones retributivas del personal laboral del exterior; mejoras en materia de jubilación, y el refuerzo de la calidad sanitaria del Mutualismo Administrativo (Muface, Mugeju e Isfas).