Las empresas eléctricas pagan un impuesto del 7% por la energía que producen y que acaba encareciendo la factura de la luz de las familias. Junts per Catalunya se ha propuesto derogarlo y prepara una enmienda al escudo social que el Consejo de Ministros aprobó el martes para acabar con este gravamen que, además de encarecer la factura, perjudica la instalación de nuevas plantas de renovables en un momento en el que Catalunya necesita multiplicarlas. No está solo: el Partido Nacionalista Vasco ve con buenos ojos la iniciativa y otros grupos podrían sumarse.

El Congreso volverá a votar la semana que viene el escudo social y la revalorización de las pensiones, después de que el gobierno español haya dividido en dos el decreto ómnibus para facilitar su aprobación. El llamado escudo social agrupa medidas como el freno a los desahucios de familias vulnerables y el bono social eléctrico, entre otras, pero Junts per Catalunya quiere que incluya también la derogación del impuesto a la generación eléctrica del 7% porque tiene consecuencias sociales en tanto que encarece la factura de la luz de los hogares.

“Ha de ser una medida del escudo social, porque acaba yendo a la factura”, defiende la diputada de Junts en el Congreso Pilar Calvo a ON ECONOMIA. Los cálculos del partido son que las eléctricas repercuten la mitad del impuesto en la factura de sus clientes, pero fuentes del sector aseguran que el impacto es superior y se acerca al 100% del impuesto.

Fuentes del PNV explican a este medio que ven bien la eliminación del impuesto mediante una enmienda al escudo social. Como Junts, el partido vasco también se ha opuesto anteriormente y, de hecho, a finales de enero el consejero vasco de Industria, Mikel Jáuregui, reclamó la eliminación del impuesto por la pérdida de competitividad que supone para la industria de Euskadi. Partidos como ERC y el PP también han reclamado en el pasado la eliminación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), o como se le llama popularmente, el impuesto del 7%, por lo que se espera que se puedan sumar a la enmienda de Junts.

Frena la competitividad y las inversiones

El encarecimiento de la factura es solo, sin embargo, una parte del problema, la que afecta a las familias. Pero la economía también se ve afectada, por el mismo encarecimiento, que sufren las empresas y la industria, y por la pérdida de inversiones en nuevas instalaciones eléctricas si este impuesto continúa vigente: “Para Catalunya es muy importante, porque tenemos un problema de falta de centrales de energía renovable, necesitamos muchas, y ya no hay inversión”, argumenta Pilar Calvo.

El problema para el sector energético, y que no afecta solo a Catalunya, sino a todo el Estado, es de rentabilidad. Las renovables cuestan de amortizar porque cuando más producen, las horas de más sol, es cuando más barata es la electricidad. Si, además, lo que producen tiene que pagar un impuesto, la rentabilidad de la inversión es mínima. “Una planta ya amortizada aún puede asumir el impuesto, pero es un freno para plantas nuevas”, advierte Calvo.

No es la primera vez que Junts intenta que se elimine el impuesto a la generación eléctrica y en una ocasión estuvo a punto de salirse con la suya. A finales del 2024 consiguió aprobar una enmienda en un proyecto de ley del Gobierno e introducir la derogación del impuesto, gracias a la pifia de un diputado socialista. Sánchez, sin embargo, lo guardó en un cajón y no lo envió a convalidar al Senado, de manera que nunca entró en vigor.

El problema que tiene ahora Sánchez es su debilidad parlamentaria. Si quiere aprobar la revalorización de las pensiones y el escudo social tendrá que hacer concesiones para conseguir los votos que necesita, tanto de sus socios habituales como de los esporádicos. Sin Junts, ERC y el PNV, PSOE y Sumar no tienen suficiente para sacar adelante las medidas sociales que votarán entre el 24 y el 26 de febrero.

Un impuesto de Montoro

El impuesto del 7% a la generación eléctrica lo pagan todas las instalaciones que producen electricidad y la vierten a la red y aporta unos 1.100 millones de euros de impuestos. Fue creado en la época de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, en 2012, cuando el Estado necesitaba incrementar sus ingresos y compensar el déficit de tarifa eléctrico. Inicialmente, debía ser temporal, y llegó a desaparecer, pero volvió.

En 2018 estuvo suspendido unos meses y después se aprobaron exenciones, hasta que esta fue total en la segunda mitad de 2021, hasta 2023, para bajar la factura de la luz ante el encarecimiento por la guerra de Ucrania. En 2024, sin embargo, se volvió a recuperar y ahora, a pesar de los altos ingresos tributarios del Estado, que la economía familiar no nota la subida del PIB y que el escudo social incluye medidas para bajar la factura de la luz, el Gobierno de Sánchez lo quiere mantener.