El think-tank Fedea se opone a que se aumenten las bases máximas de cotización (topadas en 2023 a 53.940 euros) para incrementar los ingresos de la Seguridad Social, lo que supondría que empresas y trabajadores con mayores ingresos se verían obligados a pagar mayores cotizaciones sociales. Para evitar el aumento de costes laborales para el tejido empresarial, Fedea plantea que se sustituya la elevación de las bases máximas por un recargo proporcional sobre la cuota del IRPF, que la Fundación de Estudios de Economía Aplicada denomina "de solidaridad", con la finalidad de contribuir a la financiación del sistema de la Seguridad Social. El informe, firmado por el investigador Ángel de la Fuente y director de Fedea, cuestiona así el planteamiento del ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, de hacer una subida gradual de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social entre 2025 y 2050, acompañada de una revisión de la cuantía de las pensiones máximas, aunque en una proporción muy inferior.
Para el autor, la propuesta de Escrivá resulta insuficiente para compensar el incremento del gasto en pensiones previsto para los próximos 25 años ya que, una vez implementada por completo en 2050, "esta medida incrementaría la recaudación, como mucho, en un 0,15% del PIB", pero supondría un aumento del en torno a 3,5 puntos de PIB. "Si el destope se lleva hasta el extremo, sometiendo a cotización todas las rentas brutas del trabajo, el incremento de recaudación podría acercarse a un punto del PIB, todavía claramente insuficiente para eliminar el déficit previsto del sistema", añade. Este mismo lunes, Escrivá ha vuelto a reunión a los agentes sociales para seguir negociando la segunda parte de la reforma de las pensiones.
“Impuesto oculto”
Para el director de Fedea la propuesta de Escrivá "supone potenciar un impuesto oculto y muy distorsionante que no debería formar parte del esquema de financiación de la Seguridad Social". Y ante esto, propone eliminarlo, suprimiendo las cotizaciones por encima de determinados umbrales -que el Gobierno ha fijado en 73.940 euros en un plazo de 25 años- y reemplazarlo por un recargo proporcional de solidaridad sobre la cuota del IRPF.
De esta forma, concluye, se aseguraría un "reparto equitativo de los costes no puramente contributivos del sistema de protección social entre una base más amplia de contribuyentes". Este recargo, añade, debería sustituir también a las actuales transferencias del Estado a la Seguridad Social para hacer su coste más visible para el contribuyente. El destope de las cotizaciones que pagan los salarios más altos forma parte del segundo bloque de la reforma de pensiones que negocia el Gobierno con patronal y sindicatos y constituye uno de los hitos comprometidos con Bruselas para este año.
Pagan los contribuyentes, no las empresas
La diferencia entre la propuesta de Escrivá, que además sustentan los sindicatos, y la de Fedea es que en la primera al ser cotizaciones sociales el coste recae sobre las empresas principalmente cinco sextas partes del total- y la otra sexta parte sobre los trabajadores. En cambio, la propuesta de Fedea, al tratarse de un impuesto directo como la Renta, recae sobre todos los contribuyentes ya sean trabajadores, autónomos (que además han de pagar a parte su propia cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)-, empresarios e, incluso, los pensionistas que también cotizan en el IRPF:
Casi un millón de trabajadores
Según los cálculos realizados por el propio De la Fuente, el destope completo de las bases máximas implicaría que cerca de un millón de persona -946.174- tendrían que pagar por su salario completo, tal y como solicitan CCOO y UGT. Sin embargo, si triunfa la tesis que defiende Escrivá de que se eleve la base de cotización no al salario completo, sino un 30% (de 53.940 euros en 2023 a 73.940 euros en 2048) el número de trabajadores se reduciría a 574.409. Lo que no significa que los restantes 371.765 no viesen aumentar su base de cotización, pues pasarían a cotizar por un máximo de 53.940 euros a 73.940 euros. Los cálculos dejan fuera a los trabajadores del País Vasco y Navarra, según aclara el autor.
El informe de Fedea establece que si se elevase la base máxima de cotización un 30%, la Seguridad Social aumentaría su recaudación en 1.717 millones al año (a partir de 2048), mientras que si cotizase por el salario total los ingresos se multiplicarían por seis veces y medio, unos 11.165 millones de euros más.
Argumento del Fedea contra el destope
De la Fuente concluye en el informe que según sus cálculos la propuesta del Gobierno tendría un impacto recaudatorio muy modesto (menos de dos décimas de punto del PIB por año una vez se complete) y por lo tanto contribuiría de forma muy limitada a la sostenibilidad del sistema. Por otra parte, la propuesta es en su opinión cuestionable por razones de equidad y de eficiencia. El destope supondría una fuerte (aunque gradual) subida de los impuestos sobre los costes salariales de los trabajadores en un determinado tramo de rentas, que verían sensiblemente aumentadas sus cotizaciones sociales sin que esto se traduzca en una mayor pensión.
“Por más que se trate de un colectivo con salarios relativamente elevados, concentrar el grueso del esfuerzo fiscal adicional sobre ellos no parece lo más equitativo. A esto hay que añadir los posibles desincentivos generados por una medida que situaría los tipos marginales de gravamen efectivo (sobre los costes salariales totales) claramente por encima del 50% para salarios brutos de entre 45.000 y 70.000l euros (entre 60.000 y 95.000 euros en términos de coste empresa), un intervalo de rentas que corresponde a trabajadores altamente cualificados que juegan un papel importante para el crecimiento de la productividad”. Por todo ello, concluye el informe la conveniencia de buscar formas alternativas de complementar los ingresos del sistema de pensiones.