El gobierno español prevé un régimen específico para las gigafactorías de inteligencia artificial que contribuyan a reforzar la soberanía digital europea, una excepción que podría beneficiar al proyecto de Móra la Nova. El borrador del real decreto de centros de datos, remitido al Consejo de Estado este pasado lunes, mantiene las exigencias ambientales y energéticas, pero permite adaptar su aplicación a los proyectos estratégicos de la Unión Europea.

La flexibilidad es relevante para unas infraestructuras que requieren grandes inversiones y un suministro eléctrico continuo. El texto prevé que las gigafactorías europeas puedan disponer de hasta 60 meses para desplegar las medidas de autoconsumo o contratación de electricidad renovable. Por lo tanto, no se trata de una exención permanente, sino de un periodo de adaptación más amplio que el régimen general.

El principal reto económico es garantizar energía suficiente sin trasladar los costes de las nuevas infraestructuras al resto de consumidores. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, los permisos de acceso concedidos a los centros de datos superan los 6 gigavatios (GW) en la red de transporte y se añaden aproximadamente 6 GW más en la red de distribución, en este último caso desde 2020.

La magnitud de las peticiones ha encendido las alertas sobre la capacidad disponible. La Estrategia de inteligencia artificial de 2024 estimaba que España necesitaría 2,5 GW de potencia de computación en 2030, equivalentes a entre 3,5 y 4 GW de demanda eléctrica. Por lo tanto, los permisos concedidos ya superan estas previsiones de despliegue.

En este escenario, el decreto quiere vincular el acceso a la red a criterios de sostenibilidad, eficiencia y soberanía digital. La propuesta mantiene la obligación de cubrir al menos el 80% del consumo eléctrico con energía renovable, con correlación horaria, mediante autoconsumo o contratos de suministro. También incorpora flexibilidad en los plazos y en las condiciones para acreditar la nueva generación renovable asociada a los centros.

El texto revisado amplía de 18 a 36 meses la antigüedad admisible de las instalaciones renovables vinculadas a los centros de datos y reduce de diez a seis años la duración mínima de los contratos mencionados en la propuesta, según la información avanzada por RTVE. También permite incorporar baterías y prevé determinadas instalaciones fotovoltaicas preexistentes.

Para las gigafactorías europeas estratégicas, el plazo ampliado puede facilitar el encaje entre la construcción de la infraestructura informática y el despliegue de la generación renovable necesaria. Esto puede reducir las dificultades de ejecución inicial, aunque no elimina la necesidad de garantizar el suministro ni de cumplir las obligaciones finales.

La regulación también fija requisitos de eficiencia energética e hídrica, y prevé recargos por incumplimiento que, en los casos más graves y reiterados, pueden comportar la pérdida de los derechos de acceso a la red.

Soberanía digital

El régimen especial responde a una prioridad europea: disponer de capacidad de computación bajo jurisdicción comunitaria y reducir la dependencia de proveedores tecnológicos de terceros países. El proyecto normativo exige garantías sobre el control de los centros, la localización de los datos operativos y la supervisión del acceso desde fuera de la Unión Europea.

Para Móra la Nova, la excepción abre una vía reguladora potencialmente favorable, pero no constituye por sí misma una garantía de ejecución del proyecto. La viabilidad dependerá también de la inversión comprometida, del acceso efectivo a la red y de la capacidad de asegurar energía renovable.

La cuestión de fondo es económica: el Estado español quiere atraer infraestructuras digitales de alto valor añadido sin que su consumo energético encarezca la electricidad ni desplace otras actividades industriales.