La voluntad del Gobierno y los acuerdos a los cuales pueda llegar con otras administraciones, como la Generalitat, en lo que respecta a Aena son papel mojado para el presidente de esta empresa pública. Maurici Lucena aseguró este jueves que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no puede hacer valer su 51% de Aena para tomar decisiones sobre la gestión de los aeropuertos e insinuó que, si lo hace, y cede competencias, no lo aplicaría porque, a su parecer, sería “nulo de pleno derecho”.
Lucena boicotea, así, la voluntad del Govern de participar en la gestión del Prat, un viejo anhelo de los políticos en Catalunya asumido también por Salvador Illa en primera persona. El ahora presidente de Aena, nombrado por Pedro Sánchez, fue número dos de las listas del PSC al Parlament de Catalunya en 2012.
El presidente de Aena, ante varios ministros, como el de Transporte, Óscar Puente, o el de Industria, Jordi Hereu, cerró de nuevo la puerta a un traspaso de la gestión de aeropuertos o a la participación de las comunidades autónomas, en un desayuno en Madrid, con los argumentos de que la empresa ya funciona bien con su estructura actual y que tiene otros accionistas además del Estado.
“Se considera a menudo que el Estado puede hacer lo que quiera en Aena y es un malentendido que se debe aclarar. Si el Gobierno tuviera la tentación de imponer su rodillo del 51% sobre el 49% de accionistas privados, habría un límite, lo que objetivamente perjudica o beneficia a Aena. Por tanto, la transferencia de aeropuertos a terceros o la cesión de parcelas de gestión como resultado de acuerdos políticos, por mucho que un Gobierno quisiera imponerlas en el consejo de administración de Aena, serían nulas de pleno derecho”, dijo Lucena en su discurso, sin necesidad de ser preguntado por el tema.
Lucena, nombrado por Sánchez, consideraría una "imposición" a Aena un acuerdo del Gobierno para ceder o compartir la gestión
“Los aeropuertos de Aena funcionan bien y la compañía proporciona unos dividendos apreciables para sus accionistas. La pregunta es por qué hay personas que cuestionan la integridad de los activos de Aena y solicitan transferencias a las comunidades autónomas o bajadas de tarifa, o plantean el desmantelamiento del marco regulador. Y no tengo una respuesta cabal”, añadió.
Lucena tiró de uno de los grandes pufos de la historia aeroportuaria española, el aeropuerto de Castellón, para justificar su punto de vista: “En los aeropuertos pequeños, una mala regulación económica nos aboca al penoso modelo del aeropuerto de Castellón. El modelo de Aena no cuesta un euro a los españoles y son 46 aeropuertos”. El ejemplo, no obstante, no sirve para el Prat, uno de los mayores aeropuertos de Europa.
Las inercias públicas de Aena
Aena era una empresa 100% pública hasta que el Gobierno de Mariano Rajoy decidió, en pleno debate sobre la gestión de aeropuertos como el de Barcelona, privatizar una parte y sacarla a bolsa, pero manteniendo el 51%. En 2015 empezó a cotizar y, desde entonces, se somete a las normas del mercado, como la obligación de presentar cuentas trimestralmente. No obstante, mantiene inercias de empresa pública, como el destino de las inversiones, lo que marca totalmente su estrategia, o la designación misma del presidente, que son decisiones políticas.
La gestión del Prat es uno de los anhelos históricos de la Generalitat, independientemente de su color político, y Salvador Illa también lo ha asumido. El president ha reivindicado en más de una ocasión la “presencia mucho más directa de las instituciones catalanas en la toma de decisiones”. Pese a que la fórmula es ambigua, Illa sí que ha mostrado su “compromiso”.