Imagina que compras un coche y los papeles dicen que se fabricó en una jurisdicción neutral y segura como Suiza. Pero el conductor, el mecánico y la persona que tiene la llave de repuesto viven en una base militar de una potencia extranjera que no respeta tu privacidad. Tú conduces tranquilo pensando que estás seguro, pero en cualquier momento, si ese estado lo ordena, el coche se detiene o graba a dónde vas.

Esto no es una película de espías; pasa hoy en tu teléfono móvil con aplicaciones de compras, redes sociales y, ahora, con la nueva inteligencia artificial (IA). A este fenómeno se le llama “Singapore-washing”, o lavado de imagen vía Singapur. Es la estrategia de moda de las empresas tecnológicas chinas para evitar el bloqueo de Occidente. Así, hacen las maletas, mueven su sede legal a Singapur o Estados Unidos, y dicen: “¡Miren! Ya no somos chinos, somos una empresa global”. Pero la realidad es más oscura. Y para entenderla, no hace falta saber de informática; se debe observar cómo funciona el miedo y la ley en China.

La ley que lo cambia todo: el “cheque en blanco” al espionaje

Para entender por qué no importa dónde esté la oficina de una empresa, tienes que conocer una ley fundamental. En 2017, el gobierno de China aprobó la Ley de Inteligencia Nacional. Olvídate de los términos legales complejos. Lo que dice esa ley en su Artículo 7 es brutalmente simple: “Cualquier organización o ciudadano chino debe apoyar, asistir y cooperar con el trabajo de inteligencia del Estado”. Léelo otra vez. No dice “puede”, dice “debe”.

Esto significa que si el gobierno chino, en realidad el Partido Comunista, toca a la puerta de una empresa tecnológica y le pide los datos de sus usuarios, lo que serían tus chats, tus compras, tu ubicación, por “seguridad nacional”, la empresa tiene dos opciones; la primera es entregar los datos. La segunda es ir a la cárcel o desaparecer. No importa que esa empresa diga que es de Singapur o de las Islas Caimán. No hay jueces independientes a los que apelar y tampoco hay prensa libre para denunciarlo. Por eso, cuando una app te dice: “Tus datos están seguros en servidores de Estados Unidos”, es una verdad a medias. Los datos pueden estar físicamente en Estados Unidos, pero si los ingenieros que tienen la contraseña para entrar a verlos están en China, o tienen familia en ese país, el gobierno chino tiene acceso a ellos.

La anécdota del miedo: el caso de Jack Ma

Quizás te preguntes: “¿Pero de verdad el gobierno chino se metería con empresas multimillonarias que le dan tanto dinero al país?”. La respuesta es sí, y lo hacen para demostrar quién manda. El ejemplo más famoso es el de Jack Ma. Él era el dueño de Alibaba, el Amazon chino, y una de las personas más ricas y famosas del mundo; el “Steve Jobs de China”. En octubre de 2020, cometió el error de criticar públicamente a los bancos estatales chinos en una conferencia. Dijo que tenían mentalidad de “casa de empeños”. Días después, Jack Ma desapareció.

Literalmente, dejó de aparecer en público. El gobierno frenó la salida a bolsa de su otra empresa, Ant Group, haciéndole perder miles de millones de dólares. Meses después, reapareció en un video, mucho más delgado y callado. Ahora se dedica a pintar cuadros y vivir en silencio. La lección para todos los demás empresarios chinos, como los dueños de TikTok, Shein, Temu o la nueva Genspark, fue clara: no importa cuánto dinero tengas ni dónde esté tu sede; si el Partido te pide algo, lo haces. Si te piden que calles, callas. Y si te piden datos, los das.

Las cosas como son