El juzgado del contencioso-administrativo número 13 de Barcelona ha aceptado el recurso del sindicato de la función pública del CSIF y obliga al Ayuntamiento a pagar los 720 euros de permiso de paternidad de ocho semanas a una trabajadora municipal que no lo pagó.

Se trata de la tercera sentencia en este sentido propiciada por denuncias del sindicato CSIF, que se basa en la directiva europea que dice que los países tienen que garantizar que los padres puedan tener estas 8 semanas de permiso para cuidar los hijos de manera remunerada.

El Ayuntamiento tuvo que pagar también en diciembre del año pasado a otro trabajador 4.000 euros para pagar el mismo permiso que no se había previamente pagado. Y también una sentencia en Cuenca obligó a que el Hospital Verge de la Salud pagara una médico que no había sido remunerada por el permiso de maternidad y además lo condenó a pagarle daños y perjuicios.

La jueza cita la directiva europea que obliga a los Estados miembros a garantizar que los cuidados de los hijos sean remunerados y también el real decreto 5/23 del 28 de junio que garantiza el derecho a este permiso en España.

Ahora bien, no es hasta este mismo jueves cuando entra en vigor el real decreto ley 9/2025, del 29 de julio, que garantizará este derecho remunerado a partir de ahora de forma que ya no habrá que recurrir a la justicia para cobrar este permiso.

El permiso además se amplió tres semanas hasta llegar a las 19, que se duplican en los casos de familias monoparentales.

Los nuevos permisos contemplan también dos semanas extra para padres y madres con hijos que nacieron a partir del 2 de agosto del año pasado. En el caso de las familias monoparentales, este permiso sube a 4 semanas y se pueden coger hasta que los niños hagan 8 años a las semanas que decidan a los progenitores.

Estos permisos se podrán pedir a partir de enero de 2026 y se tienen que pedir con 15 días de antelación.

Con esta medida, el Gobierno trata de aplicar la directiva europea y, a partir de ahora, no harán falta en principio litigios a los juzgados a fin de que las empresas paguen los permisos parentales.