Foment del Treball considera que la política de vivienda del Govern de Salvador Illa es un “atentado a la propiedad privada”. En un comunicado, la patronal que preside Josep Sánchez Llibre carga contra la Ley de Adopción de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Urbanismo, aprobada este viernes para regular el alquiler de temporada, que califica de “muestra inaceptable e inasumible de intervencionismo”.
“Parece que el Govern de la Generalitat y sus aliados parlamentarios (ERC, Comuns y CUP) quieran cargarse un sector económico, por un lado, y por otro, pretendan colapsar totalmente el mercado de vivienda generando esta incapacidad de generar oferta de pisos”, advierte Foment en el comunicado.
Foment subraya que la nueva ley es un “deterioro sin precedentes de la seguridad jurídica y un paso más en la degradación del ordenamiento”. Para la patronal catalana, no es una medida técnica orientada a ampliar la oferta de vivienda, sino “una norma punitiva e ideológica que acabará perjudicando, sobre todo, a las personas que buscan un piso”.
Josep Sánchez Llibre mantiene que “esto no es una regulación equilibrada: es una ofensiva que vacía derechos, alimenta la inseguridad jurídica y reduce el parque disponible”. En el comunicado se añade que “no se puede gobernar a golpe de prohibición ni convertir al propietario en el enemigo público para tapar décadas de ineficacia institucional”.
Foment considera que la norma choca frontalmente con la legislación estatal, invade competencias exclusivas del Estado en materia de arrendamientos urbanos y “rompe la unidad básica del régimen civil, con el consiguiente impacto sobre la estabilidad del mercado y la previsibilidad necesaria para invertir y poner viviendas en circulación”.
Además, alerta de que esta ley “vulnera materialmente el derecho de propiedad”. Recuerda que la función social no ampara su vaciamiento, ni la “socialización encubierta” de activos privados, ni la imposición de restricciones intensas sin ninguna compensación. “La Constitución no legitima la confiscación normativa ni el castigo ideológico al propietario”, remarca Foment.
Por otra parte, advierte que la regulación también puede entrar en colisión con el derecho de la Unión Europea, porque afecta la libertad de empresa, la libre circulación de capitales y el principio de seguridad jurídica. Según la patronal, “Catalunya envía una señal nociva: trata la inversión —nacional y extranjera— como un adversario político, cuando es un elemento esencial para generar oferta y actividad económica”.
Lejos de aumentar la disponibilidad, Foment alerta de que la norma reducirá aún más la oferta. “Cuando el riesgo regulatorio crece, muchos propietarios retiran viviendas del mercado, se tensan los precios, aumentan las exigencias y se dificulta el acceso, sobre todo para quien tiene menos capacidad de competir”. Para Foment, “si hay más control y más prohibiciones, esto conlleva menos pisos disponibles y más opacidad: es una receta contra el acceso a la vivienda”.
Sánchez Llibre considera que la ley no resuelve la raíz del problema —la falta de oferta— y opera como “una coartada para desviar el foco del fracaso de las políticas públicas: insuficiencia de vivienda social, trabas administrativas, bloqueo del suelo y déficit de planificación”. “Es más fácil señalar a un colectivo que asumir décadas de inacción y decisiones equivocadas”, apunta el líder patronal.
Desde un punto de vista económico, Foment sostiene que el mensaje es inequívoco: “Catalunya se convierte en un entorno imprevisible para invertir, tanto para grandes operadores como para pequeños ahorradores y familias. Convertir la inseguridad jurídica en política pública frena proyectos, encarece la financiación y desincentiva la puesta de viviendas en el mercado”.