Los inversores extranjeros que hace años reclaman al Estado el pago de los laudos arbitrales por los cambios regulatorios en el sector de las energías renovables han encontrado un nuevo objetivo. Después de más de una década de reclamaciones infructuosas, los afectados han puesto sus ojos en un contrato estratégico del Gobierno con la compañía norteamericana Raytheon para adquirir cuatro sistemas de defensa Patriot, una operación valorada en 1.445 millones de euros. El acuerdo, anunciado en diciembre del año pasado, se dio a conocer en el marco de una visita de Pedro Sánchez a Washington.
Según han explicado fuentes cercanas a los procedimientos abiertos en Estados Unidos, los equipos legales que representan a los inversores están analizando las vías jurídicas para dificultar la ejecución de este acuerdo militar. La estrategia, coordinada por el bufete King & Spalding, incluye la posibilidad de bloquear la operación, intervenir los pagos avanzados o poner trabas a las transacciones financieras vinculadas al contrato. Este despacho de abogados, con sede en Atlanta, ya ha conseguido varias resoluciones favorables a los acreedores en tribunales federales norteamericanos, que reconocen créditos por valor de cerca de 688 millones de euros que España todavía no ha satisfecho.
Los activos españoles en territorio norteamericano están expuestos a embargos
El mismo despacho ya ha advertido que diversos bienes y operaciones vinculadas al Estado podrían quedar expuestos a medidas de embargo si el gobierno mantiene su negativa a ejecutar los laudos arbitrales. Entre estos activos se encontraría el Falcon oficial, utilizado habitualmente para los desplazamientos de las autoridades españolas, si aterrizara en territorio norteamericano en el marco de futuras visitas oficiales. También han señalado que los acuerdos comerciales ligados a la participación de España en el Mundial de fútbol de este verano podrían ser objeto de requerimientos judiciales, con peticiones de información dirigidas a proveedores, patrocinadores y entidades organizadoras del torneo.
Esta ofensiva se enmarca en una larga batalla legal que comenzó hace más de diez años. Los cambios normativos aprobados por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, que recortaron las primas a las energías renovables con efectos retroactivos, provocaron una avalancha de reclamaciones por parte de inversores extranjeros. Actualmente, España acumula 27 laudos arbitrales desfavorables pendientes de pago, con una deuda que supera los 2.310 millones de euros si se suman los intereses y los gastos legales. Hasta ahora, el Estado solo ha finalizado uno de estos litigios, correspondiente a la empresa japonesa JGC, con un pago de poco más de 30 millones.
El Gobierno confía en el blindaje legal de los contratos
Fuentes del Gobierno han defendido que los contratos de defensa son acuerdos estratégicos entre Estados y empresas, a menudo considerados de interés nacional, y que gozan de un cierto blindaje legal. No obstante, los acreedores han intensificado durante este año sus actuaciones judiciales en Estados Unidos, activando órdenes de descubrimiento dirigidas a rastrear transacciones financieras del Estado a través de la Reserva Federal y del sistema de compensación de pagos norteamericano. Su esperanza es que la perspectiva de interrumpir una operación de defensa tan sensible como la compra de los Patriot fuerce al gobierno a sentarse a negociar.
Los acreedores han reclamado en diversas ocasiones un acuerdo satisfactorio similar al que cerró el gobierno con JGC, porque consideran que es la única vía para restaurar la credibilidad internacional de España y reforzar la seguridad jurídica para las inversiones extranjeras. El caso no es nuevo en el ámbito internacional: a principios de la década pasada, Argentina vivió un largo y traumático conflicto con los fondos buitre que se resolvió finalmente con un acuerdo de pago después de años de tensión. Ahora, los inversores afectados por el recorte de las renovables esperan replicar aquella estrategia, ahora que han conseguido que tribunales del Reino Unido, Australia, Bélgica, Países Bajos y Singapur reconozcan sus créditos. El Gobierno, por su parte, confía en que la prescripción y la complejidad técnica de los laudos jueguen a su favor, pero los acreedores no dan muestras de querer aflojar la presión.