Los constructores y promotores ven con preocupación las medidas urgentes en materia de vivienda aprobadas este martes por el Gobierno porque consideran que "son parches que no afrontan y, por lo tanto, no resolverán la problemática del acceso a la vivienda, porque no incluyen soluciones estructurales". Al contrario, tendrán un efecto contrario si nos basamos en las primeras reacciones que ha captado la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE).

Su presidente, Xavier Vilajoana, constata que "la patronal ha recibido muchas llamadas de constructores y promotores que han decidido detener los proyectos de construcción de obra nueva destinados a alquiler —lo que en el sector se conoce como build-to-rent—. "El sector en global no se paralizará, pero está claro que no se construirá vivienda para destinarla a alquiler y que las promociones iniciadas pero todavía no comercializadas van directamente al mercado de la compraventa desde ahora mismo", ha manifestado Vilajoana en una rueda de prensa.

Según la asociación, se concentran los esfuerzos en intervenir sobre el parque de alquiler ya existente y no se responde a las cuestiones que se tendrían que regular para mejorar el acceso a la vivienda. En este sentido, el presidente de APCE ha reprochado a todos los partidos políticos que se hayan retirado algunas medidas incluidas en los primeros borradores de los decretos y que el sector hace tiempo que reclama al considerar que favorecerían el sector en general. En concreto, Vilajoana ha mencionado la modificación de un par de artículos de la ley del suelo —que ha recordado que hace 10 años que espera una reformulación— y que hacen referencia a los procesos del planeamiento urbanístico de las obras.

Es decir, actualmente, ante cualquier defecto menor o de carácter formal en un proyecto de planificación urbanística, se procede a la nulidad total del plan, en lugar de permitir la reformulación de los aspectos para enmendarlos. Esto arrastra de forma automática todos los desarrollos e instrumentos inferiores vinculados y "se tiene que empezar todo el proceso administrativo desde cero, con lo que ello implica", ha denunciado Vilajoana.

"Para atacar al 4% del sector, se castiga al 96% restante"

Vilajoana ha remarcado que se ha perdido de vista que constructores y promotores son los responsables del 85% de la oferta de vivienda de protección oficial de España y que "no puede recaer en ellos el peso de los errores que ha cometido la administración; el sector privado no es el culpable". A su parecer, el problema no se solucionará hasta que el 10% de la oferta del parque de la vivienda pública tenga precios asequibles. 

"Hay que ir con cuidado con qué definimos como especulación: lo que no se puede hacer es intentar detener al 4% de los propietarios de pisos para alquilar atacando al 96% restante", ha insistido el presidente de APCE.

Algunas medidas favorables

APCEspaña valora positivamente algunas de las medidas incluidas en los decretos ley. En primer lugar, la extensión del tipo superreducido del IVA del 4% a la vivienda de protección oficial, una medida que facilita que lleguen a las familias a precios limitados.

En segundo término, constata los esfuerzos por contribuir a la financiación, como las líneas de avales del ICO de hasta 2.000 millones de euros para la promoción de vivienda de alquiler social y asequible y de 280 millones de euros para la construcción industrializada.

Respecto a las acciones que anunció este martes el president Illa en materia de vivienda, Vilajoana ha hecho una primera evaluación favorable. Ha mencionado que la línea de préstamos de emancipación para la ayuda a la compra de una vivienda a personas de hasta 40 años ha sido un acierto. También se ha mostrado esperanzado por la creación del fondo de 25 millones destinado a evitar desahucios a personas vulnerables. No obstante, tanto en el caso catalán como español, Vilajoana ha reprochado a las administraciones que toman medidas sin calcular antes los costes y "corren el peligro de sobreendeudarse".