El Estado dejó de recaudar hasta 51.000 millones de euros en 2022 debido a las rentas no declaradas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Esta cifra colosal, que se extrae de un estudio publicado este lunes por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), dibuja un panorama inquietante para la hacienda pública.

La pérdida equivale, aproximadamente, a una cuota que oscila entre casi una quinta parte y casi la mitad del total recaudado por este impuesto, un pilar fundamental del sistema de financiación. En el espectro más amplio de la economía, este agujero supone entre el 1,5 y el 3,7% del PIB, una evidencia de que la salud fiscal sufre una pérdida constante de recursos vitales.

El informe, elaborado por los investigadores Jaime Vallés y Anabel Zárate, de la Universidad de Zaragoza, traslada una realidad a menudo intuida pero difícil de medir: la brecha fiscal existente en el IRPF en las quince comunidades autónomas de régimen común. El trabajo, que abarca dos décadas comprendidas entre 2003 y 2022, no se limita a cuantificar la renta que permanece en la sombra, sino que calcula con precisión el coste recaudatorio directo que este hecho implica.

Los autores advertían, sin embargo, que esta cifra máxima de 51.000 millones de euros debe ser interpretada como una aproximación al límite superior del fraude potencial. La brecha fiscal, explican, es un concepto técnico que, además de la ocultación deliberada de rentas, puede abarcar otras prácticas como la elusión fiscal, o incluso divergencias metodológicas y estadísticas entre las fuentes de información utilizadas. Distinguen claramente este fenómeno de la economía sumergida, un concepto más amplio que engloba actividades ilegales o trabajo no registrado y que afecta a la totalidad del sistema tributario.

Después de la inspección

El panorama, sin embargo, presenta también un escenario de contenciones. La recaudación efectiva perdida, el coste neto, se reduce de forma significativa si se tiene en cuenta la acción correctora de la Agencia Tributaria. Tras descontar los casi 10.000 millones de euros recuperados durante 2022 gracias a los esfuerzos de control e inspección, la pérdida final para las arcas públicas se sitúa en un intervalo que va de los 11.300 a los 41.300.

A pesar de este correctivo, la magnitud de la fuga todavía es extraordinaria, representando entre el 0,8% y el 3% del conjunto de la riqueza estatal. El estudio apunta con el dedo acusador hacia dos capítulos concretos como los principales responsables de esta hemorragia: las rentas provenientes de actividades económicas y las del capital inmobiliario no declaradas concentran la parte más sustancial del coste. En el extremo opuesto, las rentas del capital mobiliario, junto con las rentas del trabajo, son las que presentan un peso menor en esta ecuación de la pérdida.

El análisis longitudinal de las dos décadas estudiadas ofrece un rayo de luz en medio de las sombras. Los resultados revelan una mejora sostenida y generalizada en el cumplimiento fiscal agregado del IRPF a lo largo de todo el período. A principios de los años dos mil, la renta declarada por los contribuyentes solo representaba entre el setenta y el 75% de la renta real que generaban.

En los últimos años, esta proporción ha ascendido hasta alcanzar niveles cercanos al 85%. Esta evolución positiva, sin embargo, no ha sido suficiente para cerrar una brecha que permanece descomunal. En 2022, la renta que permaneció fuera de las hojas de declaración ascendió a la impresionante cifra de 112.000 millones de euros.

La disparidad en el grado de cumplimiento según el origen de la renta es abismal. Las rentas del trabajo, gracias al mecanismo efectivo de la retención a cuenta realizada por las empresas, presentan unos niveles de cumplimiento fiscal muy altos, cercanos o superiores al 90%. Este sistema, que actúa como cortafuegos, limita de manera muy eficaz las posibilidades de ocultación por parte del contribuyente.

Por el contrario, el panorama es radicalmente diferente para las rentas que no provienen del trabajo asalariado. Tanto las rentas inmobiliarias como las mobiliarias y las de actividades económicas, que gozan de una trazabilidad administrativa mucho menor, exhiben niveles de cumplimiento fiscal mucho más bajos. Aunque estos apartados también han experimentado una mejora significativa con el paso de los años, la realidad de 2022 es que casi la mitad de este tipo de rentas continúan generando una brecha fiscal preocupante.

Un mapa territorial en transformación

La radiografía por territorios muestra una mejora generalizada en todas las comunidades autónomas, con una reducción paralela de las disparidades regionales que existían al comienzo del período. Las mejoras más notables en el cumplimiento agregado se registraron en las islas, tanto en Canarias como en Baleares, y en regiones como Andalucía y Castilla-La Mancha. En cambio, los avances fueron más moderados en Asturias y Aragón. Esta tendencia a la convergencia es especialmente clara en el capítulo de las rentas del trabajo, donde el cumplimiento mejora en todas partes de manera más intensa precisamente allí donde había un margen de progresión mayor.

Sin embargo, la uniformidad desaparece cuando se analizan las rentas no laborales. La evolución en este campo es heterogénea y ha dado lugar a un mapa fiscal más polarizado que el de hace veinte años. Mientras algunas regiones, como Madrid, han experimentado progresos muy significativos, otras como Murcia o nuevamente Asturias, han registrado mejoras muy tenues, lo que perpetúa diferencias sustanciales en la aplicación efectiva de la ley tributaria en todo el Estado.

Los autores del estudio alertan de que la existencia de esta brecha fiscal no es solo un problema de cifras. Su impacto se proyecta sobre pilares fundamentales del Estado: merma la eficiencia económica, socava la equidad entre contribuyentes y pone en peligro la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. Esta pérdida crónica de recursos puede obligar, en última instancia, a incrementar la presión fiscal sobre aquellos ciudadanos y empresas que sí declaran la totalidad de sus rentas, perpetuando así un ciclo de injusticia.

En este contexto, Vallés y Zárate señalan una paradoja grave. Diversos países de nuestro entorno realizan estimaciones oficiales y periódicas de esta brecha para evaluar con rigor la eficacia de sus políticas de cumplimiento y orientar las estrategias de control tributario. España, en cambio, permanece en una oscuridad estadística, sin disponer de estimaciones oficiales propias sobre este indicador crucial, dejando a la academia y a las fundaciones privadas la tarea de iluminar con sus investigaciones un problema de primera magnitud