El sistema de subvenciones de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea continúa privilegiando de forma sistemática las grandes explotaciones y terratenientes, según revela un exhaustivo informe de Greenpeace publicado este lunes. Los datos, recopilados en seis Estados miembros, muestran un patrón común de concentración extrema de las ayudas, cuestionando la eficacia y la equidad de un pilar fundamental de la política comunitaria.
El análisis centrado en el año 2024 sitúa a España como un claro ejemplo de esta tendencia. En el conjunto del Estado, casi un 30% de los fondos de la PAC se destinaron a grandes terratenientes. La distribución es aún más elocuente: el 1% de los beneficiarios, que corresponde a las mayores explotaciones, acumuló el 28% de todos los subsidios.
Esta desproporción se agudiza si se amplía el foco, ya que el 20% de los receptores con más ingresos acaparó cerca del 80% de las dotaciones. Esta realidad, denuncia la organización ecologista, deja en una situación de precariedad crítica miles de pequeñas y medianas granjas, las cuales reciben una fracción mínima de los recursos y tienen grandes dificultades para mantener la actividad.
El fenómeno no es exclusivo de España, sino que refleja una dinámica estructural a escala europea. Italia presenta una cifra aún más alta, con el 1% de los beneficiarios concentrando el 31% de los fondos. El caso más extremo se encuentra en los Países Bajos, donde el 40% de las ayudas se reparte entre solo el 1% de los receptores. República Checa, Dinamarca y Alemania muestran, de manera similar, patrones de reparto profundamente desequilibrados.
Esta concentración de recursos públicos está directamente vinculada, según Greenpeace, a un proceso de cambio estructural dentro del campo europeo. En las últimas décadas, cerca de dos millones de granjas comerciales de pequeña escala han desaparecido en el continente. Esta hemorragia constante se atribuye a un modelo que premia el tamaño y la intensificación, acelerando la concentración de la tierra y la industrialización del sector primario.
Las explotaciones familiares y diversificadas, cruciales para la biodiversidad, el paisaje y el arraigo territorial, son las grandes perdedoras de este sistema. Marco Contiero, director de política agraria de Greenpeace para la UE, lo expresa con contundencia: "Por culpa de las distorsiones de la PAC, las subvenciones van a los ricos y no llegan lo suficiente a quienes realmente las necesitan". Y añade una crítica de fondo: "No tiene ningún valor social alimentar la desigualdad, destruir la naturaleza y poner en riesgo el futuro de la producción de alimentos".
En un contexto clave, con las negociaciones del próximo marco presupuestario europeo en curso, la organización plantea una exigencia de reforma profunda. Entre sus propuestas destacan la eliminación progresiva de los pagos basados únicamente en la superficie, el establecimiento de límites máximos para las ayudas por receptor, la priorización clara de las explotaciones con más valor social y ambiental, y la destinación de al menos la mitad del presupuesto agrario a acciones concretas contra la crisis climática y a favor de la conservación del medio ambiente. La discusión, pues, no se limita a una cuestión de reparto económico, sino que abraza el modelo de futuro para el campo europeo, su sostenibilidad y su justicia social.